La red ciudadana Sare ha pedido que no haya "maniobras torticeras" de los jueces para dilatar la aplicación de la ley. "Se pone fin al doble cumplimiento de penas", ha dicho Joseba Azkarraga, portavoz de la plataforma.
Lo hace al considerar que el exministro de Transportes pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. El escrito del Ministerio Público se fundamenta en el último informe remitido por la UCO.
El portavoz popular Borja Sémper dice que "mucha gente, muchos empresarios que han tenido contactos con el Gobierno" les llama "contando muchas cosas". Ante ello, el PP ha "filtrado" esa información para llevarla a los tribunales. "Todo se va a terminar por saber", ha añadido.
La portavoz parlamentaria de los populares vascos asegura que desde el PSOE "se ha negado todo: que hubiera habido reuniones, contactos telefónicos". (Original en euskera).
Además, el Partido Popular ha anunciado una ofensiva política, y, entre otras cosas, pedirá convertir la sesión de control al Gobierno del miércoles en un monográfico sobre corrupción. Sin embargo, de momento, el PP descarta presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez.
Ha sido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha informado de esta decisión, después de reunirse de urgencia el comité de dirección del partido ante "la extrema gravedad" de los hechos, ha dicho, que se están conociendo en lo que ha llamado "la trama Sánchez".
Así, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y a otros cuatro mandos policiales. Sin embargo, en verano el magistrado excluyo de la causa al exministro Fernández Díaz.
El fallo llega después del archivo de la causa contra Marisol Iparragirre. En ambos casos, la Sala de lo Penal cree que los hechos están prescritos, tesis que defendían tanto la Fiscalía como la defensa de los acusados.
Los magistrados consideran que los hechos están prescritos, porque desde que se cometió el asesinato hasta que se interpuso la querella contra la acusada habían pasado más de 20 años.
El funcionario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz jubilado ha sido condenado a 10 años por un delito de terrorismo y 8 por fabricación, tenencia y colocación de explosivos.
Tras el archivo de la causa de 'Tsunami Democràctic' por parte del juez Manuel García Castellón, la secretaria general de ERC ha señalado en una entrevista que le gustaría estar este sábado en un acto de mujeres del partido.
El magistrado adopta esta decisión tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.
Así, ha declarado nulas todas las diligencias que el juez instructor Manuel García Castellón acordó con posterioridad al 29 de julio de 2021, fecha en la que dictó un auto de prórroga de seis meses de la investigación. La AN considera que la prórroga fue "extemporánea".
La Audiencia Nacional no ha visto "indicios suficientes" por los que el joven necesite protección internacional. El joven inició una huelga de hambre el miércoles.
La Audiencia Nacional ha rechazado tomar medidas cautelares ante el recurso del ciudadano saharaui contra la denegación de asilo, por lo que, según lo previsto por la Policía Nacional, será deportado en el próximo vuelo a Tánger, el viernes por la tarde. El joven se ha declarado en huelga de hambre.
La proposición de ley orgánica, que ha superado la toma en consideración, insta a los nuevos miembros del CGPJ pactados por los dos grandes partidos a proponer un nuevo sistema de elección en el plazo de seis meses.
El atentado fue ejecutado por ETA el 25 de junio de 1998 mediante la explosión de una moto-bomba. En su sentencia, la Audiencia Nacional establece una indemnización de medio millón de euros para la viuda e hijos de Zamarreño.
El abogado Aiert Larrarte considera "absurdo" que se mantenga abierta esta causa ya que, según subraya, los recibimientos públicos a los reclusos son una "cuestión del pasado".
Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha tomado la decisión de reclamar hacerse cargo de la investigación judicial que llevaba a cabo hasta ahora la Audiencia Nacional.
Carlos García Berro pide que abrir juicio oral contra Oihana Garmendia, Haimar Altuna y Oihana San Vicente, de Sortu, y miembros de la extinta ETA Kai Saez de Egilaz, Antton López Ruiz y Felipe San Epifanio por organizar actos de recibimiento a presos liberados entre 2016 y 2020.
Los impulsores han recordado que el conocido como caso Altsasu les ha dejado varias enseñanzas, como la de que "no hay que confiar en la versión oficial", y que "es necesaria una regeneración democrática del Estado".
Se ha incorporado a la moción una enmienda del PSN de adición de un nuevo punto en el que el Parlamento de Navarra condena los "ataques terroristas" contra el Estado de Israel por parte de Hamás.
Pompeyo González ha asegurado que no tiene conocimiento alguno en fabricación de artefactos explosivos y ha negado que buscara en internet cómo se confecciona un paquete bomba.
Ha recalcado que con esa información hay "al menos indicios" de que "esas armas podrían terminar siendo usadas en la comisión de un genocidio por parte del Estado genocida de Israel".
El acusado, que se encuentra en libertad provisional, ha pedido declarar una vez que comparezcan los peritos y testigos, con lo que en esta primera jornada han desfilado ante el tribunal los agentes que intervinieron en la investigación de estos artefactos.
El Secretario General de Junts per Catalunya cree que Sánchez debe "reconocer" el problema y "desbloquear" la cúpula judicial. Turull cree que una iniciativa podría ser la desaparición de la Audiencia Nacional.
El juez considera que podían haber impedido el crimen y no lo hicieron, lo que evidencia “una voluntad inequívoca en al producción del resultado” y les impone una fianza solidaria de dos millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha recibido una Orden Europea de Investigación en la que incorpora una causa, que permitirá una actuación conjunta para determinar la autoría de la infestación de Pegasus en Francia y España.
La Sala ha rechazado los recursos presentados por el que fuera presidente de la RFEF y el resto de investigados, y ratifica que los sentará en el banquillo acusados por un delito contra la libertad sexual y otro de coacciones.
La Audiencia Nacional considera que Iparragirre era la principal responsable del aparato militar de ETA entre 1993 y 1998, y que desde esa posición se encargaba de decidir qué comandos actuaban, así como determinar los objetivos potenciales para los atentados.
La marcha partirá a la 20:00 horas de la Plaza de la Virgen Blanca y pedirá que, tanto Juan Carlos Subijana como Joseba Borde, recuperen el tercer grado. Ambos han reingresado recientemente en la cárcel tras recurrir la Fiscalía de la Audiencia Nacional la concesión del tercer grado.
El pasado 21 de marzo el Gobierno Vasco, a propuesta de la junta de tratamiento de la prisión bizkaína de Basauri, aprobó el tercer grado para los presos Juan Carlos Subijana y Joseba Borde.