La movilización, convocada por los sindicatos de vivienda de Euskal Herria, ha partido a las 13:00 horas de la playa Moyua bajo el lema "¡Por el derecho a la vivienda, acabemos con negocio!".
Hace aproximadamente un mes, los sindicatos de vivienda de Euskal Herria convocaron la movilización, bajo el lema "¡Por el derecho a la vivienda, acabemos con negocio!".
Stop Desahucios pide la prórroga del Real Decreto 11/2020, que estableció la suspensión de los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Supone un incremento en el precio del 1 % respecto al trimestre anterior y del 4,6 % interanual. En el conjunto de Gipuzkoa, el precio por metro cuadrado también ha aumentado, aunque menos, un 0,5 % de julio a septiembre.
Stop Desahucios Gipuzkoa ha explicado que estas dos personas "no pueden permitirse vivir más que en habitaciones con derecho a cocina con contratos de uno o dos años que no están regulados por la LAU ni la Ley de Vivienda Estatal".
Según explica el sindicato, una empresa prestamista "le obligó a poner la casa como aval para recibir un préstamo de 7000 euros, le impuso cláusulas abusivas que aumentaban los intereses hasta más de 60 000 euros".
La Ertzaintza ha detenido a dos personas este martes durante una protesta para intentar impedir el desahucio de una mujer de 70 años y su nieto en el barrio de Astrabudua, en Erandio (Bizkaia).
AZET Etxebizitza Sindikatua ha convocado una manifestación a las 19:00 horas en la plaza Santiago para denunciar el desalojo de un piso en el Casco Viejo, y en solidaridad con la persona detenida.
La medida tiene su origen en la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social del PP en 2013; sin embargo, hoy el debate ha planteado hacer permanente una medida que lleva encadenando prórrogas durante más de una década.
La Autoridad Portuaria va a desahuciar a 12 familias que viven en el puerto de Pasaia. Debido a la construcción de una línea ferroviaria que tiene como objetivo transportar mercancías al puerto, este vecindario será derribado.
Aseguran no comprender los "ataques" de Goia tras saber de la decisión de la plataforma de recurrir la promoción de viviendas en Igara. Explica que no intenta "boicotear" sino, intentar incrementar el número de viviendas protegidas.
Stop Desahucios ha recurrido las promociones de viviendas en Igara e Illarra. Goia se ha mostrado muy molesto por esta iniciativa que podría llevar al tribunal a adoptar como medida cautelar la paralización de estos desarrollos residenciales.
Lidia Gil, santurtziarra de 92 años fue víctima de un fraude tras firmar un contrato con el exconstructor Jabyer Fernández, al que entregó su caserío a cambio de un piso de nueva promoción que nunca le entregaron, ya que se lo vendieron a otra persona. Ahora, podría ser desahuciada.
Retirará de "manera gradual" la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas: el IVA de la electricidad subirá del 5 % actual al 10 %. El IVA de los productos básicos se mantiene en el 0 % y el de la pasta y el aceite se sitúa en el 5 %.
La formación abertzale ha celebrado esta medida, que junto al tope del 3 % para las subidas a los alquileres implantado mediante la Ley de Vivienda consideran "imprescindibles frente a la difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias".
Una familia que ha recibido la orden de desahucio está a la espera de que el banco firme la concesión de una carencia por cinco años, pero no responde y ha pedido un tasador para subastar la casa.
La plataforma antidesahucios señala que ante el anuncio del Gobierno Vasco de recurrir la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados redoblará la presentación de mociones en los principales ayuntamientos de Bizkaia y Álava.
Este lunes iba a tener lugar el desalojo del antiguo inquilino que desde hacía año y medio se negaba a abandonar dicho inmueble del barrio Primero de Mayo de la localidad vizcaína. Finalmente, él y otro hombre han abandonado la vivienda sin que se produjese ninguna incidencia.
La policía iba a desalojar hoy al inquilino que se negaba abandonar la casa de Isabel, de 83 años, desde hace más de un año. Finalmente, ha salido por su propio pie. Loli, prima de la afectada, se ha mostrado agradecida con aquellos que la han ayudado, y ha expresado que "se acabó la pesadilla".
Decenas de personas se han concentrado desde primera hora de la mañana en la calle Elkano de Hernani para tratar de paralizar un desahucio. Se han vivido momentos de gran tensión. Finalmente, el desalojo se ha llevado a cabo.
Ahora, el juzgado de Barakaldo debe resolver la solicitud de moratoria presentada de forma urgente por Berri-Otxoak, según informa la plataforma contra la exclusión social.
María Ángeles Otegi, de 81 años, iba a ser desahuciada al no poder pagar la hipoteca que había heredado de su hijo fallecido, pero un vecino ha comprado la casa y se la ha dejado en usufructo.
Ezker Anitza Donostia ha denunciado que ocho inquilinos han recibido un comunicado informando de la obligación de abandonar sus viviendas, adquiridas por el fondo Azora, antes de fin de año.
La Asociación Santo Domingo Bizirik denuncia que en estos cinco años el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no ha dado pasos para modificar la situación de las 10 familias afectadas. Van a proponer que los edificios se declaren "ruina económica".
La plataforma Stop Desahucios denuncia la amenaza que sufre María Ángeles Otegi, de 81 años, por el interés abusivo de un préstamo. El hijo murió, pero la deuda permanece, y el prestamista ha pedido en el juzgado que el piso se subaste para quedárselo el cómo modo de pago.
Penélope Cruz, Juan Diego Botto y Luis Tosar han traido a San Sebastián una dura película sobre desahucios: 'En los márgenes'. La película vuelve a poner los desahucios de actualidad. Hablamos con tres mujeres que los han vivido en primera persona: Mónica, Amaia y Anastasia
La plataforma ciudadana contra los desahucios ha denunciado que la empresa Jaureguizar quiere convertir en venta 15 viviendas de alquiler social, y por cuya operación se va a embolsar dos millones de euros.
Una persona ha sido detenida en las protestas contra el desahucio de Iñaki, un vecino del barrio de Ategorrieta, convocadas por las plataformas Inquilinos de Azora, Stop Desahucios de Gipuzkoa y Alokairu-Benta Berri.
En ese contexto, la Ertzaintza ha detenido a un joven que está acusado de "desobediencia grave" y "atentado" por haber "agredido a un agente", según el Departamento de Seguridad.
En el número 43 de Ategorrieta, varios vecinos como Iñaki serán desahuciados. Tras 20 años viviendo en el piso, les han subido el alquiler un 33%. A pesar de que muchos vecinos viven en condiciones precarias, no se han librado, por lo que algunos de ellos, ya tienen cita para el desahucio.
El Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak se han concentrado ante la vivienda de Barakaldo de la que se pretende desahuciar a una mujer con cuatro hijos menores a cargo y víctima de violencia machista.
La explosión intencionada de una bombona de gas, al parecer por parte un vecino que iba a ser desahuciado, ha causado importantes daños en un inmueble de la calle Alcón de Ponferrada.
Decenas de personas han intentado evitar el desahucio de Joaqui, una mujer de 60 años víctima de violencia de género que reside junto a su hija con diversidad funcional y sus dos nietas.
Los Servicios Sociales le han advertido de que, si se retrasaba el desahucio se quedaría sin la alternativa habitacional que le ofrecían. Decenas de personas han intentado esta mañana parar el desahucio en Arrigorriaga de Joaqui, víctima de violencia machista.
Los inquilinos exigen que "cesen las amenazas y coacciones" por parte de Azora para que desalojen sus viviendas porque "no pueden pagar" la subida del 33 %" que propone el fondo. Las rentas que pagan estos vecinos de Ategorrieta rondan ya entre los 750 y los 900 euros mensuales.
El CGPJ ha analizado la evolución con respecto al segundo trimestre de 2019, ya que el importante efecto que la pandemia tuvo en la actividad de los órganos judiciales en 2020 hace que la comparación interanual sea escasamente significativa.