La defensa pide la nulidad de la instrucción en el caso De Miguel

Esta petición se basa en que, en su opinión, se han conculcado varios derechos fundamentales. La Ertzaintza tenía permiso judicial para registrar las viviendas particulares y obtener datos de contabilidad de la sociedad Kataia, pero no, según los abogados de la defensa, para llevarse los ordenadores personales. De ahí que aseguren que son informaciones obtenidas de forma ilegal.

La defensa argumenta, por tanto, que la Ertzaintza ocupó y retiró ordenadores y dispositivos "personales" en tres domicilios "personales" sin mandato ni habilitación expresa por parte del Juzgado. Y alega, además, que en varias ocasiones se rompió la cadena de custodia de las pruebas y que, en las grabaciones aportadas por la denunciante, Ainhoa Alberdi, hay indicios de manipulación. Los abogados de la defensa hablan de un auténtico despropósito, de una prueba contaminada y con serios indicios de haber sido manipulada como los sospechosos ruidos que se observan en varias de las grabaciones, los cuales, a tenor de lo informado por los peritos, asocian a previsibles regrabaciones por tratarse de posibles manipulaciones técnicas.

La acusación, por su parte, ha solicitado la presencia de dos nuevos testigos, uno de ellos el notario de Amurrio donde se inscribieron gran parte de las empresas supuestamente incluidas en la trama.