'Los recibimientos son incompatibles con el respeto a las víctimas'

El gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez va a poner en conocimiento de la Fiscalía los recibimientos a los expresos de ETA este fin de semana en Hernani y Oñati. El sábado a José Javier Zabaleta, tras 29 años en prisión por su participación en varios atentados, y el domingo a Xabier Ugarte, condenador por el secuestro de Ortega Lara.

Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, ha señalado en 'Boulevard Informativo' de Radio Euskadi que 'en 2019 este tipo de actos son incompatibles con los derechos humanos, la ética y el respeto a los derechos de las víctimas'.

Fernández ha añadido que 'es la hora de pedir a quienes organizar este tipo de recibimientos, que dejen de hacerlo de una vez por todas por sensibilidad y respeto a las víctimas y al dolor de las familias'.

Covite denuncia ante la Audiencia Nacional los recibimientos a los expresos José Jabier Zabaleta y Xabier Ugarte

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado ante la Audiencia Nacional los recibimientos a los expresos Xabier Ugarte y José Jabier Zabaleta celebrados este fin de semana en Oñati y Hernani, por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Asimismo, Covite ha pedido a la Audiencia Nacional que indague acerca de la responsabilidad de los Ayuntamientos de Hernani y de Oñati en la cesión de los espacios públicos para las celebraciones de los recibimientos.

Covite también acusa al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de infringir gravemente la Ley vasca de 4/2008 de 19 junio de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que "obliga a prevenir y evitar este tipo de homenajes y distinciones a terroristas". Según ha señalado, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "se limitó a mandar una dotación de la Ertzaintza con órdenes de no intervenir".

Además, ambos recibimientos han sido denunciados a la Audiencia Nacional por la AVT y el Gobierno español en funciones pedirá a la Fiscalía que los investigue.