'Se hará una gestión más progresista, pero no abriremos las cárceles'

La víspera de que el Consejo de Gobierno apruebe un proyecto de ley que recoge la actualización de la RGI, el incremento del sueldo de funcionarios y los nuevos conciertos educativos, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, dice confiar en su aprobación. "Quienes se opongan deberán explicar por qué a los colectivos afectados". Rechaza las criticas de EH Bildu y Podemos sobre la vía elegida, en un solo proyecto ley y lectura única: "Las tres medidas tienen un denominador común: actualizar prestaciones públicas. No tendría sentido tramitar tres proyectos normativos en vez de uno". Con su aprobación espera el Gobierno Vasco paliar la situación generada por la prórroga presupuestaria. "Esperamos que EH Bildu, Podemos o PP faciliten su aprobación, al menos absteniéndose", reclama Erkoreka, "buscamos el acuerdo sin preferencias".

Josu Erkoreka recuerda que hablamos de una subida del 2,25 por ciento que puede estar sujeta a variaciones en un futuro, en función de la normativa básica del estado. "Esperamos que para la nómina de febrero los sueldos públicos se ingresen actualizados".

El calendario de transferencias estatutarias, avanza Erkoreka, tiene como nuevo horizonte el mes de febrero, "arrancará la primera fase del proceso negociador. Compete al Gobierno de España impulsarlo". Respecto al "sabor agridulce" que dijo sentir el portavoz de Lakua en relación al calendario propuesta por La Moncloa, ha enfrentado que "no incorpore todas las competencias" con que "un gobierno nunca ha recibido una propuesta y un compromiso de esta naturaleza".

Uno de los puntos que han resultado más polémicos en España ha sido el anuncio de la transferencia de prisiones, relegada en el calendario al año 2020. Aclara Erkoreka que materializada la transferencia, se aplicaría "la misma ley penitenciaria del estado", pero "seguramente con una gestión más progresista, sin abrir las puertas de las cárceles. Existe un margen". Recrimina al líder del PP Pablo Casado "que hable del principio de legalidad con rotundidad pero con Euskadi boicotea". Añade que "el cumplimiento del estatuto debería estar por encima de cambios de gobierno. Intentaremos explicárselo a Pablo Casado".

Sobre el conflicto laboral en la educación concertada de iniciativa social, señala Erkoreka que "se negocian las condiciones de trabajo. Ahí el gobierno nada tiene que decir. Una intromisión sería mal vista por la patronal y los sindicatos". Descarta posicionarse como gobierno a favor de la patronal o los sindicatos y recuerda que "el Gobierno Vasco puede arbitrar y mediar, pero lo tienen que solicitar las partes, y no lo han hecho".