Bebés robados
Gipuzkoa
Redacción
Las asociaciones próximamente harán entrega de este documento a las Juntas Generales y a "cuantas instituciones se consideren oportunas".
Foto: EiTB
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Las Asociaciones de bebés robados S.O.S. Bebés Robados de Euskadi y de Gipuzkoa, Alumbra Andalucía y la Federeción Coordinadora X-24 han presentado ante la Diputación Foral de Gipuzkoa un informe sobre "la trata de compra venta de bebés y desapariciones forzadas" en todo el Estado español, centrándolo en Gipuzkoa.
Según han explicado en un comunicado, este informe es una respuesta al estudio presentado por la sociedad de ciencias Aranzadi. Las asociaciones próximamente harán entrega de este documento a las Juntas Generales y a "cuantas instituciones se consideren oportunas".
Estos colectivos han reiterado que se niegan a aceptar las conclusiones del informe presentado por Diputación en el que se afirma que "documentalmente no se encuentran irregularidades como una prueba inequívoca de que los bebés no se pudiesen vender en Euskadi y trasladarlo también a todo el Estado español".
En ese sentido, han apuntado que la mayor parte de este informe son las normativas existentes "en una época donde la dictadura estaba en vigor y dónde una mujer tenía que demostrar ser honrada para poder recuperar de la Institución a su hijo o hija".
A su entender, "aun dando por cierto que no hubiese una sola adopción ilegal en Fraisoro, esto no demuestra que los bebés no pudiesen desaparecer de los hospitales o maternidades". "El hospital en todos nuestros casos ha sido el último lugar dónde se ha visto al bebé con vida, no llegando en la mayoría de los casos a entrar en el cementerio", han añadido.
Delitos de lesa humanidad
Asimismo, han remarcado que un informe que trata sobre violaciones de Derechos Humanos y delitos de Lesa Humanidad, "jamás puede ser encargado a una sociedad privada", dado que el estado de derecho "se fundamenta sobre tres pilares, sus tres poderes, de entre ellos el único legitimado para una investigación de este calado que afecta a los seres humanos es el poder Judicial".
Finalmente, han manifestado que desean conocer el trámite administrativo que se ha llevado a cabo para adjudicar este proyecto a una sociedad privada, fecha de concurso en cuestión y coste económico del proyecto "ya que ha sido subvencionado con dinero público".
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