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Ley de bienestar animal

El Gobierno Vasco no recurrirá la Ley de bienestar animal tras solventar las discrepancias competenciales

Tras la negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación, el Ejecutivo Vasco considera "corregidos los excesos competenciales".

El Gobierno Vasco y el Ejecutivo español han "cerrado sus discrepancias".
Un gato y un perro en un jardín.
El Gobierno Vasco y el Ejecutivo español han "cerrado sus discrepancias".

AGENCIAS | EITB MEDIA

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Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ez du errekurrituko Animalien Ongizatearen Legea, eskumen-desadostasunak konpondu ondoren

El Gobierno Vasco ha informado este viernes que no va a plantear recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ya que se ha mostrado "satisfecho" con las actuaciones que ha acordado realizar el Estado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, con las que se han "corregido los excesos competenciales.

En un comunicado, el Ejecutivo ha recordado que la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, anunció el pasado mes de junio la interposición del recurso por vulneración de competencias y porque considera que "la ley mermaba la capacidad para el desarrollo de las normas vascas".

Tras una negociación de varios meses, ha informado de que ambas administraciones han "cerrado sus discrepancias" y de este modo Euskadi comunicará al alto tribunal su intención de "no seguir adelante con el recurso al entender que, con las modificaciones, se asegura la salvaguarda de las competencias vascas".

El Gobierno Vasco ha explicado que la Administración General del Estado promoverá una disposición normativa que establecerá que la regulación centralizada de registros (de animales de compañía, de criadores y de entidades de protección, entre otros) se interpretará de forma que "únicamente puede tener un efecto meramente divulgativo de lo que le transmitan los registros autonómicos".

En este sentido, ha señalado que "establecerá con claridad que los registros serán de plena titularidad y gestión de las comunidades autónomas en el marco de sus competencias ejecutivas". "Además, las regulaciones de medidas obligatorias desde el ámbito estatal solo serán orientativas y solo vincularán cuando así lo establezca en cada caso la legislación autonómica", ha detallado.

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