Hoy se celebra la última reunión para cerrar un acuerdo sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El Gobierno español y los agentes sociales tienen este lunes en Madrid una cita decisiva sobre la reforma de las pensiones. La reunión prevista para las 11:00 horas debería ser la última, ya que hoy termina el plazo fijado para acordar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), pero todavía están lejos del acuerdo.

La última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue la de elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante 10 años para afrontar las futuras tensiones de gasto del sistema.

Este 0,6% de incremento de cotizaciones generó malestar en las patronal por implicar un nuevo incremento de los costes de las empresas tras la anunciada subida del tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades recogida en el proyecto presupuestario de 2022 y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras medidas adoptadas por el Gobierno que suponen un mayor gasto empresarial.

Los sindicatos, por su parte, no ven con malos ojos que se incrementen las cotizaciones sociales para poder hacer frente al gasto que implicarán las futuras jubilaciones de los 'baby boomers', los nacidos entre 1958 y 1977. En este periodo nacieron casi 14 millones de personas, 2,5 más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes.

El MEI forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso. La idea es introducir lo que se pacte vía enmienda. Este mecanismo, que operará a partir de 2027 y sustituirá al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, tiene por objetivo preservar el equilibrio del sistema a largo plazo y la equidad entre las distintas generaciones de pensionistas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que la propuesta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional "no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento", a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que penalizaba a los pensionistas con recortes, especialmente a los más jóvenes.