Contra los tratados de la Unión Europea

Hungría contradice los tratados de la Unión Europea cuando su presidente Viktor Orbán asegura que el acuerdo de la cumbre informal de Granada sobre la política de inmigración supone una violación para su país. La declaración final de la cumbre ha sido firmada solo por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, porque Hungría y Polonia se han negado a suscribirla. Pero esta declaración es solo política, porque el proceso legislativo no ha comenzado todavía.

El tratado de la Unión Europea establece que la legislación en las materias de justicia e interior, como es la inmigración, se aprueba en codecisión por el Parlamento Europeo y por mayoría cualificada del Consejo de Ministros de la UE. Esa mayoría está establecida en el 55 % de los estados miembros que representen al 65 % de los habitantes de la UE.

Es lo que sucedió cuando se aprobó la reforma del derecho de asilo, sobre el que Orbán también se quejó de manera inapropiada. Y no mejor fue entonces la actitud del primer ministro de Polonia, Morawiecki, que entonces calificó la medida de "diktat".

Orbán y Morawiecki tienen una idea de la Unión Europea que está en contradicción con el texto de los tratados que sus países firmaron y ratificaron. Como los líderes de AfD, Alternativa para Alemania, Polonia y Hungría creen que la legislación de los estados miembros está por encima de las leyes de la UE, cuando es justo al revés.

Ese modelo solo es imaginable si retrocediéramos 70 años en la historia de Europa. La supranacionalidad que ha supuesto la Unión de Europa ha proporcionado a esta parte del continente un periodo de libertad y estabilidad sin precedentes. La cooperación entre estados miembros, que para ello se necesita, sería imposible si cada país pudiera imponer su veto a todos los demás.

Desgraciadamente, los populistas de extrema derecha han encontrado un método para ir imponiendo su idea de Europa: el incumplimiento de la ley. Países como Polonia y Hungría han socavado ya dos decisiones de la UE de 2015 sobre el reparto de los solicitantes de asilo, al negarse a recibir su correspondiente cuota.

Estos precedentes muestran la amenaza que se cierne sobre la nueva reforma antes de que comience el proceso legislador, sobre el que muchos han depositado una gran esperanza.