Un asunto incómodo

Fiel a su proverbial carácter y estilo, Mario Fernández ha hablado, no sólo ante la Justicia, sino ante la opinión pública. Escuchadas y leidas sus explicaciones, pocas dudas caben ya sobre la naturaleza del espinoso 'caso Cabieces'. Fernández ha preferido no demorar más la cuestión y dejar el menor espacio posible a las especulaciones, centrando el foco: el terrorismo de ETA provocó situaciones excepcionales, a las que las diferentes instituciones han dado respuestas igualmente excepcionales. Es, ha dicho, "la ley no escrita" que han asumido los diferentes actores implicados.

Las explicaciones del expresidente de Kutxabank, pese a ser profusas, no dejan de abrir cuestiones delicadas y que han sido prácticamente tabú. ¿Hasta dónde debía llegar la ayuda a personas que han estado implicadas en la lucha contra el terrorismo? ¿A qué personas debía ayudarse?

Los colectivos afectados por la amenaza de ETA han sido y son muy amplios. Muchas personas han vivido situaciones complicadas y dramáticas, y no todas han tenido el respaldo de una institución para poder incorporarse al mercado laboral una vez finalizadas sus responsabilidades. Por tanto, lo que Fernández ha presentado como un acto de solidaridad con una persona que ha vivido amenazada por ETA, no deja de ser un acto arbitrario.

Al igual que Cabieces, muchas personas –jueces, policías, escoltas y un largo etcétera- pueden verse injustamente tratadas al no haber encontrado un respaldo igual o similar pese a haberse jugado la vida durante muchos años.

La otra carga de profundidad de la declaración de Fernández apunta hacia el actual presidente de Kutxabank, a quien acusa de una falta de lealtad y de, dicho en plata, propiciarle una puñalada por la espalda. Pese a expresiones que denotan un carácter personalista -"Kutxabank es mi obra"-, Fernández trata de proyectar una imagen de compromiso con el banco que él contribuyó a crear, contraponiéndola con su actual presidente, Gregorio Villalabeitia, al que poco menos que acusa de torpedear los cimientos de confianza de la entidad. La guerra abierta es de dimensiones formidables.

Las acciones legales anunciadas por Fernández hacen prever un largo, sinuoso y tortuoso camino a una cuestión que, si bien es menor en lo cuantitativo, puede provocar muchos daños colaterales en términos de credibilidad, confianza e incluso de la propia gobernanza del banco vasco y del conjunto del entramado institucional y político.