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Análisis
Pedro Garcia Larragan
La primera exigencia que impuso la troika al Gobierno español se cumplirá con la conversión, pero la segunda exigencia de Bruselas va para mucho más largo.
BBK y Vital se convertirán hoy en fundaciones bancarias, y dejarán de ser cajas. La ley exige que lo hagan antes de fin de año a las cajas que valgan más de 10.000 millones, dando carta de naturaleza jurídica a la exigencia de Bruselas, convertida después en ley.
El objetivo de la troika cuando obligó a Rajoy a aceptar sus condiciones era despolitizar su gestión, y someter a un férreo control financiero sus cuentas y sus operaciones para que no repita lo ocurrido. La Kutxa guipuzcoana abordará el cambio en otoño.
Las asambleas de la alavesa Vital y la vizcaína BBK se celebrarán esta misma tarde, y está previsto aprobar sin mayores sobresaltos, las cuentas de ambas entidades, su presupuesto para obra social, y su conversión en fundaciones bancarias.
Eso supondrá elegir una nueva dirección llamada patronato, en la que no habrá representantes políticos por asignación directa, sino que serán consejeros no vinculados directamente a ningún partido, y con experiencia y formación financiera.
De esta forma se cumple la primera exigencia que impuso la troika al Gobierno español, cuando Mariano Rajoy les pidió dinero para evitar la bancarrota: el conocido como rescate bancario. Y eso es lo que BBK y Vital harán hoy. Kutxa pospone su conversión hasta otoño.
La segunda exigencia de Bruselas va para mucho más largo. Para evitar que su bancarrota vuelva a poner en peligro el sistema, si una fundación mantiene más del cincuenta por ciento de participación en un banco, debe detallar al Banco Central Europeo como saldría del atolladero en caso de nuevos apuros; y aun así todo, el Banco central europeo le obligará a crear un fondo de reserva a cuenta de beneficios, algo que mermará su gasto en Obra Social.
La forma de evitar esa merma es no llegar a ese 50%, es decir, en el caso de Kutxabank, que sus, a partir de hoy fundaciones, vendan la participación sobrante: la tan traída privatización.
Para resolver esta segunda cuestión hay un plazo de cinco años. Lo que es ineludible es su cumplimiento: la ley obliga a las cajas del tamaño de las vascas a andar el camino. Si no lo quieren andar, deberían vender activos para reducir tamaño, lo que para el conjunto de las cajas vascas supondría pasar de los más o menos 80.000 millones de euros en los que están valoradas hoy, a menos de 10.000.
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