El fiscal pedirá hoy una fianza de 8,2 millones para Urdangarin

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitará este miércoles al juez del caso Nóos una fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que le podrían imponer por este caso de corrupción.

Según han informado fuentes jurídicas, en el escrito que presentará mañana en el juzgado de Palma, el fiscal pedirá esta fianza como medida principal, pero en caso de que no se le acepte, planteará al juez de forma subsidiaria rebajarla a una cantidad de entre los 5 y 6 millones de euros.

El juez de Palma José Castro deberá decidir si adopta esta medida pedida en el marco de esta causa, en la que se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin, de unos 5,8 millones de euros de dinero público de las administraciones balear y valenciana entre 2004 y 2007.

La fianza es "exagerada", según el abogado de Urdangarin

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha declarado que la fianza le parece "exagerada", aunque prefiere no manifestarse sobre la petición fiscal porque todavía no tiene constancia oficial de que se haya presentado esta petición.

La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro sospechan que Urdangarin y Torres obtuvieron durante esos cuatro años de forma irregular fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

La fianza pone así cifra al supuesto desvío de fondos públicos llevado a cabo por el duque de Palma y su socio mediante el Instituto Nóos.

Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.

Aunque la fianza asciende a 8,2 millones, el fiscal Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos.