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VITORIA-GASTEIZ

El Pleno de Vitoria rechaza retirar la prohibición de acceso de los patinetes eléctricos al transporte público

El Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu han votado en contra, Elkarrekin Vitoria, a favor, mientras que el PP se ha abstenido.

Patinetes eléctricos en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: EFE
Patinetes eléctricos en Vitoria-Gasteiz
Patinetes eléctricos en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: EFE

Agencias | EITB Media

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Euskaraz irakurri: Patinete elektrikoak garraio publikoan sartzeko debekua mantentzea erabaki du Gasteizko Udaleko osoko bilkurak

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha rechazado retirar la prohibición de acceso de los patinetes eléctricos al transporte público de la ciudad, tal y como ha demandado la Asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos.

La votación ha contado con la negativa del Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu, la abstención del Partido Popular y el único voto a favor de Elkarrekin Vitoria.

La Asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos ha demandado la retirada de las actuales prohibiciones de acceso de Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en el transporte público de Euskadi, Álava y Vitoria-Gasteiz.

Su portavoz ha pedido también elaborar un estudio que evalúe los beneficios y oportunidades de los patinetes eléctricos y otros vehículos de MVP, punto que sí ha salido adelante, antes de destacar que el 6,3 % de los vitorianos, "unas 16 000 personas utilizan el patinete eléctrico en la ciudad".

Respecto a la normativa municipal, según ha dicho, "la decisión ha sido tomada sin haber realizado un informe previo, lo que desde la asociación consideramos algo muy grave". Asimismo, ha expuesto que "los casos aislados de ciudades como Madrid o Barcelona no se pueden comparar a la realidad de esta ciudad, y, muchísimo menos, vetar una movilidad sostenible cuando no ha habido ni un solo caso en la comunidad autónoma vasca".

El Gobierno municipal, por su parte, ha explicado que la prohibición se tomó "en base a una cuestión de prudencia", y ha recordado que se aprobó "una moratoria de un año para poder recabar información, analizar y ver cuáles eran las situaciones a las que nos podríamos enfrentar".

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