Sociedad -
TRANSPORTE ESCOLAR
Bildarratz pide a las empresas de transporte escolar que "reconsideren su postura"
El consejero de Educación del Gobierno Vasco ha señalado que actuará "con diálogo" y "analizará diferentes opciones", sin descartar "la herramienta del derecho".
AGENCIAS | EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: "Hartutako jarrera berraztertzeko" eskatu die Bildarratzek eskola-garraioko enpresei
Este jueves ha arrancado oficialmente el curso escolar en la Comunidad Autónoma Vasca, con el conflicto del transporte escolar sin resolver en Álava y Bizkaia. En este contexto, el consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, ha pedido a las empresas de transporte escolar que "reconsideren su postura" y cumplan la orden de ejecución forzosa y aseguren el traslado de todos los escolares. Además, ha asegurado a los operadores que ahora "lo que se está garantizando como Gobierno es darles el coste real que tienen, añadiendo un 6% de beneficio empresarial".
En este primer día del curso algunas empresas de transporte han decidido no prestar el servicio en Álava y Bizkaia, pese a la orden del Gobierno Vasco que les obligaba a ello, que ya han recurrido en los tribunales.
El consejero de Educación del Gobierno Vasco ha señalado que actuará "con diálogo" y "analizará diferentes opciones", sin descartar "la herramienta del derecho", en base a lo que ocurra este jueves y mañana viernes, para tomar decisiones en aras a poder garantizar ese servicio desde el lunes.
Bildarratz ha dicho a las familias de los centros escolares públicos que "el transporte es verdaderamente un servicio público esencial" para que los niños puedan acudir a clase y que su departamento "ha gestionado con responsabilidad los recursos".
Tras visitar junto al lehendakari el centro público Txomin Aresti de Leioa, el consejero de Educación ha pedido disculpas a las familias afectadas por la falta de autobuses, si bien ha destacado que el Gobierno Vasco Educación hace "un esfuerzo muy importante". Por ello, ha pedido a las empresas que cubren esos servicios "que reconsideren su postura" porque afecta a "los derechos" de los niños a asistir a clase y de las familias a la conciliación.