A diez años del caos

11 de marzo de 2011, viernes. Un terremoto de 8,9 de magnitud hace temblar Japón y provoca un tsunami devastador que arrambla con todo. Miles y miles de personas mueren y desaparecen, miles de casas se destruyen, y las calles se cubren de escombro. Pero el caos solo acaba de empezar: el sistema de refrigeración de Fukushima I, una de las 54 centrales nucleares entonces existentes en el país, ha fallado y una fuga radiactiva se extiende por sus alrededores.

El Gobierno de Japón decide, entonces, evacuar a 6000 personas residentes en un radio de tres kilómetros en las inmediaciones de la instalación, instando siempre al ciudadano a tranquilizarse y alegando que solo se trata de una “pequeña fuga”. Con el tiempo, la central de Fukushima se convertirá en un problema a nivel mundial, mientras que la cifra de evacuados forzosos se elevará a más de 100 000 en un radio mínimo de 20 kilómetros.

Ciudadanos y radiactividad

Debido a la fuga, los niveles de radiactividad aumentaron mucho en muy poco tiempo (en 24 horas era 72 veces mayor). El Gobierno japonés expandió el inicial radio de evacuación de 10 kilómetros a 20. Además, recomendó a los residentes de entre los 20 y 30 kilómetros que cerraran puertas y ventanas, y salieran lo menos posible. Un mes después, la zona de evacuación se amplió a 40 kilómetros.

En total, más de 360 000 personas fueron trasladadas a escuelas y edificios públicos. La mayoría de los trabajadores de la central fueron evacuados, y quienes trabajaron para enfriar los reactores, le hicieron frente a un riesgo mayor de cáncer por exponerse a tan elevada radiación.

Las autoridades, por el contrario, negaban los riesgos que la sobreexposición a la radiación conlleva para la salud, aunque muchos expertos aseguraran que aumenta la posibilidad de sufrir, entre otros, quemaduras, náuseas, infertilidad o cáncer; sobre todo entre los niños y adolescentes.

Para prevenir dichos males, el Gobierno repartió medidores de radiación a 34 000 niños. Tres años después, 104 padecían cáncer de tiroides debido a las partículas de yodo radiactivo absorbidas. 57  de ellos desarrollaron tumores de entre 5 y 41 milímetros a una edad media de 14,8 años, la mayoría mujeres.

Se especula que los controles mensuales de medición de radiactividad pudieron aumentar la posibilidad de sufrir cáncer.

Algunos precedentes

El terremoto dejó 13 000 muertos y 14 000 desaparecidos, ninguno de ellos relacionado oficialmente con la fuga de Fukushima I. En este sentido es comparable con lo sucedido en Three Miles Island en 1979 en Harrisburg (Pensilvania, EE. UU.): no registró ninguna muerte, pero frenó durante más de 30 años la construcción de centrales nucleares en el país.

27 años después, en 2006, un tribunal japonés ordenó la paralización de los reactores de la central de Shika por miedo a que no soportara un terremoto a gran escala. Al año, Kashiwazaki-Kariwa, la mayor central del mundo, fue dañada por un seísmo de 6,8 de magnitud, que provocó el vertimiento de líquidos radiactivos. En 2011 fue paralizada.

Sin embargo, el mayor precedente es Chernóbil (Ucrania, 1986), que mantuvo durante años el debate de las centrales nucleares sobre la mesa. Desde el accidente de Fukushima, la polémica recrudeció. De hecho, seis años después del desastre más de la mitad de los japoneses estaban a favor de cerrar las centrales. El Gobierno, en cambio, creyó que no era necesario.

Ahora, 10 años más tarde, se plantea resucitar la energía nuclear debido a la poca rentabilidad que ofrecen las energías renovables en un país como ese. El ministro de Industria Hiroshi Kajiyama se muestra a favor de la energía atómica y opina que es “indispensable”. “Las limitaciones geográficas de Japón significan que no es tan fácil introducir energías renovables como en Europa o América del Norte”, explica.

Informes y transparencia

Otra de las razones por las que la ciudadanía perdió la confianza en la energía nuclear, fue la penosa gestión de la empresa propietaria Tepco y el Gobierno del entonces primer ministro Naoto Kan. La falta de transparencia, el secretismo y la irregularidad de los informes jugó en contra de la reactivación de la energía atómica durante años.

En 1978, Fukushima I fue clausurada por un accidente relacionado con las barras de control utilizadas para la fusión nuclear. Desde un año antes y durante 24 más, hasta 2002, Tepco presentó a la Administración informes falsos sobre la situación real de sus centrales nucleares, ocultando problemas e incidentes sucedidos en varias de ellas.

En 2006, la fiscalía japonesa imputó a tres directivos de la empresa: Tsunehisa Katsumata, presidente de Tepco; Sakae Muto e Ichiro Takekuro, ambos vicepresidentes de la firma. Fueron acusados de negligencia profesional por no recabar la información necesaria y tomar las medidas pertinentes para la protección de la central en caso de que pasara algo así.

La fiscalía pidió cinco años de cárcel para cada uno de ellos, pero, finalmente, fueron absueltos en un juicio celebrado en 2019. El fallo del jurado fue criticado no solo por los ciudadanos afectados sino también por grupos activistas como Greenpeace: “Más de ocho años después del comienzo de la catástrofe, Tepco y el Gobierno siguen evitando que se les exija rendir cuentas por sus décadas ignorando la ciencia de los riesgos nucleares”.

Perspectiva internacional

El eco de lo sucedido en Fukushima I resonó a nivel mundial. Hubo discrepancias entre diferentes países, algunos siguieron apostando por la energía nuclear a pesar de los riesgos, y otros decidieron emprender planes basados en energías renovables.

El entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, se mostró completamente a favor de la energía atómica puesto que gran parte de la influencia económica de Francia proviene, desde los años posteriores a la II Guerra Mundial, de centrales nucleares. Actualmente, el 75 % de la electricidad del país franco es creada a través de centrales nucleares.

Aunque Emmanuel Macron, actual presidente, no está dispuesto a renunciar a la energía nuclear, el año pasado dio la orden de cerrar la central más antigua de Francia (Fessenheim), siguiendo así con el plan que François Hollande había propuesto en 2012. En los próximos años, 12 reactores serán desactivados, y 56 seguirán con su funcionamiento habitual. Además, está en marcha la construcción de un nuevo reactor en la central de Flamanville.

Sin embargo, en Alemania se organizaron incontables protestas contra las centrales a raíz del accidente de Fukushima. El Gobierno anunció entonces que cerraría las centrales del país antes del 2022. Por el momento, ha reducido la producción de electricidad en centrales nucleares y ha invertido en energías renovables para impulsar un modelo energético más amplio. Se espera que en 2030 el 65 % de la electricidad proceda de energías renovables.

El debate en España se centró en la central de Garoña, que tenía la misma estructura interior que Fukushima. El entonces Gobierno socialista había previsto cerrarla en 2011, una vez cumplidos los 40 años de funcionamiento, pero prorrogó el cierre hasta 2013 alegando que no había peligro ninguno. Ahora mismo, en España, hay cinco centrales en funcionamiento, pero en 2027 comenzará el proceso de cierre que finalizará en 2033.

Los vertidos

A diferencia de la complicidad entre Francia y Japón debido a la energía atómica, la relación entre Corea del Sur y el archipiélago del Pacífico está volviéndose cada vez más tensa. El Gobierno está a punto de permitir a Tepco verter el agua contaminada imposible de seguir almacenando en tanques al océano Pacífico.

Los pescadores también se muestran contrarios a los vertidos. A pesar de que la radiación en la fauna y flora marina ha empezado a disminuir, hace solo dos años que se reanudaron las subastas de pescado en Fukushima. Las ventas todavía siguen por debajo del 20 % y los pescadores no quieren que la situación en el gremio empeore aún más.

El Gobierno japonés se respalda en la poca duración del isótopo radiactivo del agua contaminada. Aunque, en realidad, es un isótopo que no desaparece del todo, solo se vuelve parte de las moléculas acuáticas.

El de Fukushima I no sería el primer líquido radiactivo vertido al mar. Hay muchas otras centrales que siguen el mismo ejemplo, a pesar de la contaminación ambiental que provocan dichos vertidos.

De hecho, según informe publicado por Greenpeace en marzo de este año basado en 32 investigaciones realizadas durante los últimos 10 años, la radiación aún sigue por encima de los límites legales en el área más afectada. Debido a eso, la población estará expuesta durante décadas a niveles de radiactividad que potenciarán el riesgo de cáncer y demás enfermedades, sobre todo en niños.

La organización ecologista denuncia, además, que el Gobierno japonés no está llevando a cabo las investigaciones pertinentes para concretar cómo de peligroso puede llegar a ser verter 1,23 millones de toneladas al mar.

Aunque todavía no se ha hallado una solución para hacer desaparecer los deshechos de una central nuclear, Raquel Montón, responsable de Energía de Greenpeace España, ha apremiado a la industria: “Toda industria debería ser capaz de sufragar la gestión de los residuos que produce o dejar de producirlos inmediatamente”.