Abren juicio oral por la presunta estafa del yacimiento de Iruña-Veleia

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Vitoria-Gasteiz ha decretado la apertura de juicio oral por el presunto fraude de los hallazgos en el yacimiento de Iruña-Veleia (Araba) cuyo director, Eliseo Gil, se encuentra encausado, junto a otras personas que trabajaron en estas excavaciones, por presuntos delitos continuados de estafa y daños contra el patrimonio histórico.

En el caso de Iruña-Veleia se investiga una supuesta trama de adulteración de vestigios romanos, principalmente del siglo III d.C, descubiertos entre 2005 y 2006 en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia, en el que Eliseo Gil desempeñaba el cargo de director de excavaciones.

Gil aseguró en su día que había encontrado entre 400 y 450 ejemplares "extraordinarios" que presentaban grabados en euskera y latín, lo que supondría una revolución sobre la presencia del euskera y la llegada del cristianismo al territorio.

La magistrada Susana Junquera estima que fueron el director de las excavaciones y el resto de encausados, "de común a acuerdo" y para "obtener un beneficio económico y prestigio profesional", quienes realizaron las inscripciones en euskera sobre las piezas halladas en el yacimiento.

En el auto se indica que los daños causados por las inscripciones efectuadas sobre los restos romanos hallados en el yacimiento se pueden cuantificar en unos 600 euros por pieza. En su día, los responsables de la excavación aseguraron que se habían localizado entre 400 y 450 ejemplares "extraordinarios".

La jueza subraya que la falta de autenticidad de estos grafitos "viene acreditada" por informes del Instituto del Patrimonio Cultural de España y de la Escuela Superior de Conservación y restauración de Bienes Culturales.

Frente a dichos informes, señala que el responsable de la excavación se puso en contacto con otro de los encausados para "urdir un plan" con el que justificar la existencia de los supuestos "grafitos excepcionales". Para ello, realizaron informes "falsos".

A través de este auto, pide a la Fiscalía y a las partes acusadoras que, en un plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral y formulen escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.