Sociedad -
Caso Noos
¿Qué es la doctrina Botín y cómo afecta a la infanta Cristina?
El juez Castro debe decidir si aplica la doctrina que estableció el Supremo para no juzgar al exbanquero.
Redacción
La imputación de la infanta Cristina de Borbón por dos delitos fiscales en el Caso Noos no se traduce en el inmediato inicio de juicio en su contra. Dos doctrinas, ambas del Tribunal Supremo, podrían influir en que la infanta se siente en el banquillo de los acusados: la doctrina Botín y la doctrina Atutxa.
La denominada doctrina Botín que estableció el Tribunal Supremo en 2007 determina que si en una causa solo existe la acusación popular (en este caso ejercido por Manos Limpias) y no la de la Fiscalía u otras particulares, la imputación puede llegar a archivarse. El Supremo decidió exonerar al banquero de ser juzgado en un caso de cesiones de créditos tras avalar la decisón de la Audiencia Nacional y limitar la acción de las acusaciones populares cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitan el sobreseimineto de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción no ve indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI y ha pedido al juez la aplicación de la doctrina aduciendo "razones de justicia e igualdad".
El juez Castro, podría asimismo, aplicar la doctrina Atutxa a la infanta. Esta doctrina es una matización de la doctrina Botín que permitió juzgar al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, que fue condenado por el Supremo por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. En aquel caso el Supremo estableció que la doctrina Botín sólo era aplicable con delitos que dañaran a alguien concreto. Así, se permitió seguir con el proceso, solo con la acusación popular, cuando el delito afecta a intereses colectivos. En caso Atutxa, la acusación de Manos Limpias bastó para condenar al expresidente del Parlamento vasco por un delito de desobediencia, por afectar a intereses colectivos.
La decisión, en cualquier caso, corresponde al juez Castro, que deberá decidir si aplica una u otra doctrina e establecer si los delitos que se imputan a la infanta Cristina, un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, afecta a un delito colectivo o particular.