Sociedad -
Central nuclear de Garoña
Alcaldes piden a la UE que vigile la posible reapertura de Garoña
Once alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña han alertado del peligro que supone para sus localidades la reapertura de la planta y han exigido su "cierre definitivo".
Redacción
Once alcaldes del entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) han defendido hoy que la Comisión Europea supervise el procedimiento de concesión de una posible licencia de reapertura de la planta, a la que se han opuesto por el peligro que podría suponer que vuelva a estar operativa.
El pasado mayo, el Consejo de Administración de Nuclenor decidió pedir al Ministerio de Industria Energía y Turismo la renovación del permiso de explotación de Garoña hasta que la central burgalesa alcance los sesenta años de funcionamiento, es decir hasta 2031.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha condicionado la reapertura de esta central al visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en un informe que "probablemente" no estará terminado hasta dentro de un año.
Ante estos movimientos, los primeros ediles de los municipios localizados en un radio de treinta kilómetros de la central, como los alaveses de Aiara, Amurrio o Zambrana, entre otros, han decidido movilizarse y se han concentrado hoy ante la Diputación alavesa, donde han leído un comunicado conjunto.
A través de este texto, estos alcaldes han alertado del peligro que supone para sus localidades la reapertura de la planta, por lo que han exigido su "cierre definitivo e irreversible".
"No podemos quedarnos impasibles mientras Nuclenor y el PP negocian con el futuro de los vecinos de nuestros municipios. Tenemos que denunciar la actitud que prioriza intereses económicos frente a los de seguridad", han advertido.
Se han mostrado preocupados por el peligro que representaría que la planta retomase su actividad y por ello han considerado que la Comisión Europea debería supervisar el procedimiento de concesión de licencia de apertura de Garoña. Han planteado que de este modo se podría asegurar el cumplimiento de las exigencias de seguridad impuestas tras el accidente de Fukushima.