Cataluña ejecutará expulsiones y los Mossos gestionarán seguridad en la frontera

PSOE y Junts han registrado en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de migración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.

El pacto entre socialistas y Junts también llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos de 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

La Generalitat ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución y, en las contrataciones en origen, determinará junto a empresas y sindicatos los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras.

Los Mossos ejercerán, por su parte, la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

El acuerdo prevé un incremento de 1.800 policías autonómicos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes, y establece que el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega.

Según defienden el PSOE y Junts, con esta ley orgánica Cataluña podrá desarrollar un modelo propio y una política integral, ya que las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y nacional en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración.

Ambos partidos justifican la necesidad del traspaso en que el 18 por ciento de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24 por ciento ha nacido fuera de Cataluña.