El Gobierno español aprueba el nuevo Reglamento de Extranjería, que prevé regularizar 300 000 personas al año

El Gobierno español ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, con el que "se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico", y que prevé regularizar a 300 000 personas al año durante los próximos tres años.

Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, ha expuesto que se introducen las mejoras de la normativa europea, impulsadas bajo la presidencia española del semestre. "El reglamento va a servir para combatir mafias, para combatir fraudes y para combatir la vulneración de derechos", ha recalcado.

En cuanto a las necesidades del mercado laboral, Saiz ha indicado que se crea un apartado específico dentro de la norma que incluye tanto los visados de corta duración como los de larga duración, "para hacerlo más fácilmente comprensible". En este sentido, también ha añadido que se "simplifican" los procedimientos y se "delimitan" las competencias entre consulados y oficinas de extranjería.

Por otro lado, ha celebrado que el nuevo reglamento reduce la burocracia. "A partir de ahora todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones serán de cuatro años", ha subrayado.

Las ONG Accem y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han aplaudido la reforma del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, pero han pedido la introducción de visados humanitarios.

En este sentido, Accem ha indicado que considera "favorable" la reforma, "dado que el anterior reglamento era del año 2011 y la realidad social, demográfica y laboral del país ha cambiado notablemente desde entonces". "Era necesario adaptar la normativa a estas realidades para que las personas pudieran acceder a regularizar su situación administrativa de forma segura", ha apuntado.

Accem también ha considerado "favorable" que se facilite la incorporación de las personas que están en situación de estancia por estudios al mercado laboral reduciendo las trabas para obtener un permiso de trabajo y el aumento de la duración de los visados de empleo.

En la misma línea, CEAR ha destacado la flexibilización de las figuras del arraigo y el acceso de las personas extranjeras a la administración, "lo que facilitará su integración social y el ejercicio de sus derechos".

Sin embargo, ha lamentado que la reforma "penalice" a las personas que solicitan asilo, "que no podrán acogerse al arraigo si no renuncian a su petición o si no la tienen ya denegada definitivamente". El régimen transitorio previsto obliga a estas personas a permanecer seis meses en situación irregular para poder solicitar arraigo, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.

Por su parte, el sindicato ELA cree que la reforma pretende "facilitar mano de obra barata". En un comunicado, ELA ha sostenido que el nuevo reglamento "no es la salida que necesitan las personas migradas, ni lo que necesita la sociedad".

La central abertzale ha reconocido que el cambio aprobado "facilita algunos procesos de regularización, pero no cambia las reglas de juego que se establecen en la Ley de Extranjería, que estigmatiza a las personas migradas, relegándolas a ciudadanas de segunda categoría".