Política -

Medida en vigor

Quitan los escoltas a la cúpula judicial, salvo a los cargos más altos

Los fiscales han criticado que se mantenga la escolta a los políticos, mientras se retira a jueces y fiscales de la AN.

El presidente del TC, Pascual Sala.
El presidente del TC, Pascual Sala.
El presidente del TC, Pascual Sala.

Redacción

Whatsapp Facebook Twitter Telegram Email

El Ministerio del Interior ha retirado todos los escoltas que tenían los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Consitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a excepción de los cargos más sensibles de la judicatura, entre los que se encuentra el todavía presidente del TS y el órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar.

La medida ha entrado en vigor este lunes en el alto tribunal y en el CGPJ, de forma que todos los jueces y vocales se han quedado sin el escolta que tenían con la excepción de Dívar, que a pesar de presentar su dimisión el pasado jueves continúa siendo presidente de las dos instituciones; su sustituto en funciones, el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol; y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. También mantendrá su protección policial el presidente del TC, Pascual Sala.

En la Audiencia Nacional la retirada de la escolta a jueces y fiscales, que afecta a unos 250 agentes, se producirá mañana, martes, a partir de las 15.00 horas.

Los únicos que mantendrán la escolta en este tribunal, que tiene asignada la labor de investigar y juzgar todas las actividades relacionadas con el terrorismo, la gran corrupción y el blanqueo de capitales, serán el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal-jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos; y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.

La decisión se enmarca en los planes previstos por el Ministerio del Interior para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas en todo el territorio nacional generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.

Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas