Gobierno Vasco aprueba el decreto sobre víctimas de abusos policiales

Las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978 van a poder solicitar ser reconocidas e indemnizadas por el Gobierno Vasco desde el día 20 de este mes, un día después de que el Boletín Oficial del País Vasco publique el decreto que recoge medidas de reparación para este colectivo.

El decreto ha sido aprobado hoy por el Gobierno Vasco, cuya portavoz, Idoia Mendia, ha subrayado que con el mismo el Ejecutivo autonómico "reconoce la injusticia del sufrimiento" de estas víctimas y deja clara su voluntad de paliarlo.

El colectivo afectado por este decreto abarca a quienes padecieron "sufrimientos injustos" como consecuencia de la vulneración de sus derechos producida en el País Vasco entre 1960 y 1978, "en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo".

El decreto considera violencia de motivación política la que fue ejercida por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas, la que se dio con intención de influir en la sociedad y la que se llevó a cabo en un contexto de impunidad.

Quedan excluidos del mismo las personas que se vieron afectadas cuando realizaban actividades terroristas. Sí que podrán acogerse al mismo los miembros de ETA, Txiki y Otaegi, fusilados en el franquismo.

El borrador contempla que sea una comisión de valoración creada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco la que declare la condición de víctima.

Esta comisión deberá estar conformada en el plazo máximo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, es decir, como muy tarde el 19 de julio, fecha a partir de la cual este órgano comenzará a estudiar las peticiones.

Estas lesiones deberán haber sido provocadas por "acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas, por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad, otros funcionarios públicos, tanto fuera como dentro del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración pública, en sus diversos estamentos".

La comisión que se encargará de evaluar los expedientes de las personas que reclamen ser consideradas víctimas al amparo del citado decreto se reunirá alrededor del 15 de julio y comenzará el trabajo de evaluación de las peticiones de los posibles damnificados.

De este modo, las víctimas que sean reconocidas como tal por la comisión podrán cobrar también las indemnizaciones correspondientes, que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, para los casos de gran invalidez.

62 fallecidos entre 1960-1978

El Departamento de Justicia de Idoia Mendia cuenta con datos de 62 fallecidos por este tipo de violencia en Euskadi antes de 1978, aunque sólo ha podido ponerse en contacto con los familiares de 25.

Segundo decreto

A partir de ahora, el Departamento de Justicia va a comenzar a elaborar un segundo borrador para intentar compensar a las víctimas a partir de 1978.

Mendia ha reconocido que las dificultades jurídicas para afrontar este texto serán mayores que las del anterior, ya que se trata ya de un periodo democrático, aunque ha señalado que la experiencia del primero facilitará los trámites.