El Gobierno Vasco busca reparar a las víctimas de motivación política

El Gobierno Vasco ha presentado hoy el borrador de decreto que reconocerá como víctimas a quienes padecieron abusos policiales entre 1968 y 1978 y que excluye a los terroristas. La consejera de Justicia del Gobierno de Vitoria, Idoia Mendia, la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y la exmagistrada Manuela Carmena, que está coordinando esta materia, han presentado hoy el borrador del decreto que podría estar aprobado definitivamente la próxima primavera, y al que seguirá otro a partir de 1978. El futuro decreto busca la declaración de la condición de víctima, y la reparación como tal, de quienes padecieron sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos producida en el País Vasco entre 1968 y 1978, "en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo". Mendia ha explicado que este decreto responde a la voluntad del Gobierno Vasco de "aplicar la solidaridad social y contribuir a la convivencia y legitimación del Estado de Derecho".

Las condiciones El borrador considera sufrimientos injustos la muerte, la gran invalidez, la incapacidad permanente total o parcial y las lesiones permanentes no invalidantes. Estas lesiones deberán haber sido provocadas por "acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas, por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad, otros funcionarios públicos, tanto fuera como dentro del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración pública, en sus diversos estamentos". El texto aclara que "en ningún caso" se considerarán sufrimientos injustos los padecidos "en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por quienes la realizaran o pretendieran realizarla, aunque el fallecimiento o las lesiones se produjeran por los actos legítimos de la autoridad para evitar y repeler directamente esa acción violenta". "Ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba o muerto en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y reconocimiento que se recogen en este", ha aclarado Mendia. Por ello, ha querido "tranquilizar" a las víctimas del terrorismo de ETA, porque el Gobierno Vasco no tiene ninguna intención ni de "equiparar" víctimas ni de buscar "equidistancias" entre distintas violencias. "El Gobierno Vasco no ha asumido las tesis de quienes nunca han condenado a ETA", ha afirmado tajantemente.

Serán susceptibles de ser reparados ciertos sufrimientos injustos debidamente acreditados, aunque en su momento no fueran considerados como tales, al haber sido exculpados en procedimiento judicial, por sobreseimiento o sentencia absolutoria, o aunque las conductas de las víctimas fueran objeto de enjuiciamiento, "si éste vulnerara el derecho a la vida reconocido en la Constitución", en referencia a los fusilados por el franquismo. El borrador contempla indemnizaciones que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, para los casos de gran invalidez.

Una comisión determinará quién es una víctima Habrá una comisión de valoración creada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, y presidida por su directora, que declarará la condición de víctima de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política definida en el decreto y la que atribuirá a dichas víctimas los derechos que, en consecuencia, le correspondan. La exvocal del Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena, que ha desarrollado este borrador, ha aclarado que con este decreto no se pretende juzgar a los victimarios, sino dar a las víctimas "reparación, justicia y verdad". El Gobierno Vasco cuenta ya con los certificados de defunción de sesenta personas fallecidas en "actos ilícitos" y espera que otras personas que han podido sufrir la vulneración de sus derechos lo comuniquen para que la citada comisión pueda valorarlo.