Piden un acto de reconocimiento anual para las víctimas policiales

La Comisión de Valoración creada para reparar a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 ha recomendado a las instituciones vascas la celebración de un acto público anual de reconocimiento al "máximo nivel" para "sacar a la luz pública" las "graves violaciones de derechos humanos que sufrieron" estas personas.

Representantes de este organismo, en el que hay historiadores, juristas, peritos forenses, entre otros expertos, han presentado este miércoles en el Parlamento Vasco el primer informe anual elaborado por esta comisión entre junio de 2020 y 2021 donde se relatan los trabajos realizados y se recogen también recomendaciones.

La comisión ha recibido 1.017 solicitudes de reconocimiento, de las que 55 han sido analizadas y se han resuelto 35. Este sábado el Gobierno Vasco va a hacer entrega a estas personas o a sus familiares de los dictámenes en un acto en Bilbao.

En los 55 expedientes analizados (43 de hombres y 12 de mujeres) hay 11 muertes y 36 casos de tortura o malos tratos. De ellos, 33 correspondieron a actos cometidos por la Guardia Civil y 16 por la Policía Nacional, y entre las víctimas hay 26 sin filiación política conocida, 9 de ETA y otros 3 acusados de colaborar con ella.

Los expertos han constatado un "cierto patrón de actuación por las técnicas empleadas" para la tortura; la bolsa, la bañera, golpes, el pato, la rueda, humillaciones constantes, privación sistemática de sueño, clima de terror ambiental, amenazas de extender la acción a familiares y exposición a gritos de terceros reales o grabados.

Han observado también la repetición de la "omisión del deber de investigar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos alegadas por varias de las víctimas que han comparecido" ante la comisión, con "diligencias superficiales y desenfocadas" e investigaciones "ausentes" o "radicalmente ineficaces".

La comisión ha detectado un componente añadido de humillación por razón de género y explica que en el caso de la violencia ejercida sobre las mujeres que han estado bajo custodia policial han sido habituales las "amenazas de violación", "tocamientos" y "humillaciones de tipo sexual", entre otras.

También solicita al Gobierno Vasco que haga una campaña sobre la ley y sus objetivos informando sobre el procedimiento a seguir ya que en diciembre de este año finaliza el plazo para presentar las solicitudes de reconocimiento.