Política -
Crímenes de los GAL
La Fiscalía rechaza investigar a Felipe González por los GAL
Pili Zabala ha presentado junto a María Jauregi, Juan Diego Botto y María del Olmo, la plataforma B-Egiaz, que reclama saber toda la verdad sobre los GAL.
EITB MEDIA | AGENCIAS
Euskaraz irakurri: Fiskaltzak ez du Felipe Gonzalez ikertuko, GALekin izan zuen lotura argitzeko
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la solicitud de Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL en 1983, para investigar al expresidente del Gobierno español, Felipe González, al considerar que se trata de hechos prescritos.
La decisión de la Fiscalía ha sido anunciada por la nueva plataforma B-Egiaz, que promoverá la investigación de los crímenes de los GAL, en una rueda de prensa celebrada en Madrid en la que, además de Zabala, han comparecido María Jauregi, hija del asesinado por ETA José María Jauregi, el actor Juan Diego Botto, hijo de uno de los asesinados y desaparecidos en la dictadura militar argentina de Videla, y la historiadora María del Olmo.
En su escrito, la Fiscalía expone que tanto si se considera como referencia el momento en el que se identificaron los cuerpos de Joxi Zabala y Joxean Lasa, en 1995, como si se toma la fecha de su asesinato por los GAL, en 1983, el plazo de 20 años que establece el Código Penal para investigar a cualquier responsable no identificado ya se ha cumplido.
Zabala asegura haber aportado documentación, entre la que se encuentra un informe desclasificado de la CIA estadounidense, de la que se deduce que los servicios de inteligencia españoles y franceses están en posesión de información que apunta a la participación de Felipe González "en el impulso, o, al menos, en la autorización" de la creación de los GAL.
Zabala ha asegurado que agotará "todos los recursos judiciales", a nivel nacional e internacional, para esclarecer la creación y los crímenes de estos grupos, entre los que se encuentra el de su hermano y Lasa, por los que el general Rodríguez Galindo y otros funcionarios públicos y guardias civiles fueron condenados a penas de entre 67 y 71 años de cárcel, que fueron aumentadas por el Tribunal Supremo.
A su juicio, se trata de delitos de "lesa humanidad" y Naciones Unidas "obliga" a los estados a investigar ese tipo de crímenes. "Es una verdad que se nos niega una y otra vez. La verdad nunca prescribe", ha señalado.
Entre las medidas que llevará a cabo B-Egiaz, Zabala ha anunciado que enviarán cartas a miembros del Gobierno español para solicitar una audiencia.
Por su parte, María Jauregi ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que sea "valiente" y que asuma "su parte de responsabilidad". "Cualquier víctima, para poder cerrar heridas, necesita conocer la verdad", ha concluido.
VÍDEO | Pili Zabala presenta la plataforma B-Egiaz en Madrid