Política -
Cataluña
La Justicia belga rechaza la entrega a España del exconsejero Lluís Puig
La Cámara del Consejo de Bruselas siguió los argumentos de la defensa de Puig sobre la falta de competencia del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para emitir la euroorden.
Agencia | Redacción
Euskaraz irakurri: Lluis Puig kontseilari ohia Espainiari entregatzea errefusatu du Belgikako Justiziak
La Justicia belga ha rechazado este viernes la entrega a España del exconsejero catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por malversación en el caso del 1-O.
"La Fiscalía de Bruselas puede confirmar que la Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución de la orden de arresto europea considerando que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo", ha señalado la Fiscalía en un comunicado.
La decisión, la primera que adoptan los tribunales de Bélgica sobre los políticos catalanes, puede ser recurrida, algo que la Fiscalía de Bruselas ya ha hecho.
La Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia que examinó la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada en relación con el exconsejero catalán de Cultura, siguió los argumentos de la defensa de Puig sobre la falta de competencia del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para emitir la euroorden.
"Siempre sostuvimos que el Tribunal Supremo no era competente para estos hechos y personas; ahora, la Justicia belga nos da la razón con las consecuencias que ello tiene para el resto de procedimientos pendientes. Sin duda es un buen día para Puig y para todos", ha dicho el coordinador de las defensas de los políticos catalanes, Gonzalo Boye, en su cuenta en Twitter.
El pasado 23 de junio, cuando tuvo lugar la audiencia donde se anunció la fecha de la decisión, Puig dijo que había pedido al juez que, si se decidía por una sentencia de no extradición, en ella quedara "claro y bien argumentado que no hay ningún indicio de malversación, pero sí muchas vulneraciones de derechos fundamentales, como ciudadano, como político y como miembro del Govern catalán de 2017".
El argumento de la defensa del político catalán siempre ha sido que la Justicia española lo está reclamando para ejecutar una orden de prisión que sus excompañeros de gobierno ya están cumpliendo, pese a que un grupo de trabajo de Naciones Unidas "la ha declarado arbitraria y contraria a los derechos humanos", en palabras de los abogados.
