Varias organizaciones sociales piden un plan urgente de desescalada en las cárceles

Varias organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una propuesta para que se lleve a cabo un plan urgente de desescalada en las prisiones dependientes de la administración central.

Para estas organizaciones, es hora ya de que se ponga en marcha ese plan, que, en su opinión, debe recoger el mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal para que se reduzca la población reclusa.

Según ellas, "hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias".

No obstante, ven urgente que "de forma generalizada se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas".

Igualmente, recomiendan que se progrese al tercer grado, o régimen abierto, a presos con condenas cortas o a los que ya habían disfrutado de permisos antes de coronavirus y a los que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena.

Por otro lado, piden que se reactiven las actividades de tratamiento y las formativas, así como que se mantengan las videollamadas con las familias que se han podido hacer durante el confinamiento.

"Es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de los familiares", insisten estas organizaciones.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comision Legal Sol, Etxerat, el Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona o la red ciudadana Sare son algunas de las organizaciones firmantes.