Los abogados de la defensa denuncian la vulneración de derechos fundamentales

El juicio contra los doce líderes independentistas catalanes ha comenzado este martes con la exposición de los principales argumentos de las defensas, quienes han denunciado la vulneración de los derechos de los procesados y la falta de imparcialidad del tribunal.

La primera jornada ha dejado la fotografía histórica de la mitad de un gobierno sentado en el banquillo de los acusados, junto a la que fue la más alta representante del Parlament y los dos líderes sociales más importantes del soberanismo.

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha señalado que este proceso judicial buscaba desde un principio sacar de la arena política al anterior Govern y ha afirmado que "la causa no puede impedir que se debata y se delibere en un parlamento sobre independencia".

Van den Eynde ha destacado que en este juicio "vamos a defender valores y derechos humanos". El letrado de Junqueras ha dirigido buena parte de su intervención a argumentar que "la causa ha sido una suspensión generalizada e indebida de los derechos políticos" de los acusados.

Unos derechos que, a su juicio, se deben "garantizar sin perturbaciones ilegítimas" porque "cuando te quitan los derechos políticos te excluyen de la realidad".

Y ha añadido: "Al señor Junqueras no se le ha visto, le han quitado de la arena política y esa es la realidad".

El abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, Jordi Pina, ha pedido a los magistrados del tribunal que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria" pues ellos están para juzgar y no para defender la unidad de España. "Son magistrados no héroes nacionales", ha dicho Pina en su intervención.

El letrado ha cargado contra la "falta de imparcialidad" del alto tribunal al mencionar determinados comportamientos de sus magistrados y de su presidente Carlos Lesmes. "Así lo perciben mis mandantes y yo lo pongo de manifiesto muy a mi pesar", ha añadido.

La abogada Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, ha solicitado durante su intervención la expulsión de su representada del procedimiento porque únicamente se le imputan actuaciones que estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.

La letrada ha recordado que la inviolavilidad parlamentaria se consagra en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para proteger la libertad de expresión y el derecho a la participación política de los integrantes de la Cámara.

En este contexto, Arderiu ha destacado que todos los hechos que se imputan a la expresidenta del Parlament, -permitir la tramitación y aprobación de las denomnadas leyes de desconexión y de la convocatoria del referéndum del 1-O- se corresponden con las funciones propias de la actividad parlamentaria y deben estar protegidos por esta inviolavilidad.

Igualmente ha señalado que el hecho de que el resto de exparlamentarios acusados únicamente por desobediencia hayan sido remitidos para su enjuiciamiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) permite concluir que a Forcadell la Fiscalía le pide una pena de 17 años de cárcel por rebelión "sólo por ser quien es", lo que constituye un trato claramente discriminatorio.

El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha manifestado que el juicio contra los 12 líderes independentistas es "una derrota colectiva de la sociedad española", pues "este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho".

Salellas se ha referido así en su intervención durante la primera jornada de la vista oral dedicada a las cuestiones previas, "un juicio que no debe empezar de la forma en que está formulado", ha afirmado.

"Porque si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos", ha explicado el abogado de Cuixart.

Como ejemplo, ha recordado que "50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos", lo que supone un riesgo en caso de condena pues se estaría criminalizando el derecho fundamental a la protesta de cualquier ciudadano.

Y al respecto ha puntualizado: "No existe derecho fundamental a la unidad territorial y sí existe el derecho fundamental a la reunión pacífica".

La Fiscalía pide para los acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia por el proceso independentista, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición. Vox, acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años.

El juicio se reanudará mañana a las 10:00 horas con las intervenciones de las tres acusaciones y no se descarta que declare Oriol Junqueras.

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