La ley de abusos policiales no sustituirá 'en modo alguno' el papel de los tribunales

Las reformas acordadas entre el Gobierno español y el Ejecutivo vasco para propiciar la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales incluyen un apartado en el que se precisa que las actuaciones que se lleven a cabo al amparo de esta norma "no podrán desconocer, en modo alguno, lo ya resuelto por la jurisdicción penal".

El secretario general de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha dado a conocer este martes las modificaciones que se introducirán en esta norma, que en las próximas semanas será debatida y sometida a votación en la Cámara autonómica.

El Gobierno del PSOE anunció el pasado 3 de agosto la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos, presentado en su día por el Ejecutivo del PP, por entender que la norma invadía las competencias de los tribunales de Justicia.

Los cambios consensuados entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo del PSOE inciden, precisamente, en cuestiones que pretenden dejar claro que el objetivo y el ámbito de esta ley es la reparación de las víctimas de esta forma de violencia desde una perspectiva meramente "asistencial", sin entrar nunca ejercer el papel que corresponde a los tribunales de Justicia.

 

 

Fernández ha asegurado este martes que el acuerdo logrado con el gabinete de Pedro Sánchez "se orienta a reforzar las garantías jurídicas y constitucionales que ratifiquen, de un modo definitivo" que la ley no plantea una invasión de competencias reservadas al poder judicial, algo que -en todo caso- ha afirmado que ya se contemplaba en el texto original.

Los cambios también se centran en cuestiones destinadas a "la salvaguarda de los derechos al honor, intimidad y protección de datos". Fernández ha señalado que las modificaciones pretenden "ratificar y aclarar el sentido original que siempre ha tenido esta ley: el reconocimiento y reparación asistencial de víctimas, asentado en el principio de centralidad de la víctima".

El secretario general de Derechos Humanos ha añadido que las reformas afectan de manera específica a los preceptos que han sido objeto de controversia en el Tribunal Constitucional. De esa forma, con los cambios se trata de "despejar las prevenciones y dudas" que la ley ha suscitado en determinados sectores. "La ley ha sido sometida a un juicio de intenciones que estas modificaciones refutan", ha asegurado Fernández.