Govern y Mesa del Parlament, acusados de rebelión, sedición y malversación

La Fiscalía General del Estado se ha querellado este lunes contra el presidente catalán Carles Puigdemont y el resto de miembros cesados Govern —incluido el exconsejero Santi Vila, pese a su dimisión— por delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien no ha admitido preguntas.

En las querellas, se menciona expresamente que se proceda a la citación de los querellados con carácter urgente para tomarles declaración como investigados para valorar la adopción de las medidas cautelares de carácter personal, teniendo en cuenta la "gravedad de los hechos" y de los delitos imputados."

Además, la Fiscalía pide que se incluya "la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6,2 millones de euros".

Maza ha detallado que la primera querella ante la Audiencia Nacional se dirige contra "los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia", realizada "con total desprecio a nuestra Constitución".

La segunda querella se ha presentado esta misma mañana ante el Tribunal Supremo al conservar "la mayoría" de los querellados su aforamiento, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlament. Según Maza, la presidenta y los diputados posibilitaron con sus acuerdos "la culminación del proceso independentista" facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

El fiscal general ha recalcado que "a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas".