El Gobierno navarro opina que es 'desproporcionada' la petición del fiscal

El Gobierno de Navarra no comparte la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un total 375 años de cárcel para los ocho detenidos por el incidente con los guardias civiles en Alsasua y ha considerado que los encausados "deben ser juzgados en Pamplona".

En la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo de este miércoles, la portavoz del Gobierno navarro, María Solana, ha afirmado que la petición fiscal ha sido una de las cuestiones que se ha tratado en la reunión y ha destacado que "lo que el Gobierno ha valorado en torno a esta cuestión es lo que ya venía valorando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde aquel octubre de 2016 cuando sucede lo que sucede en Alsasua".

Unos hechos que, según ha recordado, el Gobierno de Navarra "condenó inmediatamente, a las pocas horas", si bien ha remarcado que "en todo momento" el Ejecutivo foral también ha dicho y ha defendido que "no entendía lo sucedido en Alsasua como un delito de terrorismo". "Se ha hablado de desproporción y se ha dicho que no se compartía esa estimación, por lo tanto, el Gobierno tampoco hoy comparte la petición de la Fiscalía", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que "esta misma apreciación la ha hecho la propia Audiencia Provincial de Navarra que ha defendido la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo". "Esa es la apreciación más ajustada y entendemos que estos hechos deben ser juzgados en Pamplona", ha sostenido.

Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E

Por su parte, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han presentado una declaración institucional, que se debatirá en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, en la que muestran su "discrepancia" ante la petición del fiscal.

Aunque la declaración no ha podido ser debatida hoy, los grupos políticos han hecho sus valoraciones ante los medios de comunicación en el Parlamento y, así, Carlos García Adanero, de UPN, ha afirmado que en democracia existe la "división de poderes" y las instituciones "tienen que hacer su trabajo".

En sentido opuesto se ha manifestado el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, que ha calificado la petición del fiscal como "totalmente desproporcionada".

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, que ha reiterado que se trató de "una trifulca de bar" y ha opinado que no hay indicios "para que los hechos sean calificados de terrorismo".