Piden hasta 11 años de cárcel para los acusados en el 'caso Margüello'

La Fiscalía pide 11 años de prisión para tres acusados y 6,5 años para un cuarto por haber beneficiado presuntamente con contratos del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a empresas vinculadas al ex jefe de Calidad del hospital de Cruces (Bizkaia), José Carlos Margüello.

En marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao consideró, al término de la investigación, que había indicios para acusar a Margüello, a su socia M.N.F., al exviceconsejero del Gobierno Vasco Rafael Cerdán y al exdirector de Sanidad José Ramón Elorriaga, por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de servicios de Osakidetza en 2006, cuando el Gobierno Vasco estaba presidido por Juan José Ibarretxe.

La Fiscalía de Bizkaia ha presentado ahora su escrito fechado el 7 de diciembre y al que ha tenido acceso Efe, en el que acusa a esas cuatro personas de los delitos de prevaricación "en concurso medial" con un delito de malversación, "fraudes ilegales contra la Administración pública" y un delito "de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos", ya que habrían cometido irregularidades en las contrataciones de servicios por un importe total de 6,8 millones de euros.

La fiscal ha pedido la apertura del juicio oral y ha solicitado para tres de los acusados una pena de 11 años de cárcel y para el cuarto una condena de seis años y medio, al tiempo que les reclama que abonen conjunta y solidariamente una indemnización al Gobierno Vasco con esa cantidad de 6,8 millones en que se ha cifrado el perjuicio económico causado.

El escrito de acusación señala que los dos ex altos cargos del Gobierno Vasco incumplieron la legalidad en la adjudicación de contratos de Osakidetza para beneficiar a dos empresas de Margüello, en las que M.N.F. figuraba como testaferra, y que fueron ellos quienes la admitieron como suministradora de servicios a Osakidetza en Bizkaia pese al informe contrario de los técnicos.

En el momento en el que ocurrieron estos hechos el consejero vasco de Sanidad era Gabriel Inclán y el Gobierno Vasco estaba en manos del PNV, si bien el caso se destapó en 2009 cuando el PSE llegó al Ejecutivo.