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La juez Lamela procesa a nueve jóvenes por la agresión de Alsasua

La juez les atribuye un " delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio". Deberán declarar el próximo 20 de diciembre.

Concentración en Alsasua, en contra de la operación policial. Foto de archivo: EFE
Concentración en Alsasua, en contra de la operación policial. Foto de archivo: EFE
Concentración en Alsasua, en contra de la operación policial. Foto de archivo: EFE

agencias

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Euskaraz irakurri: Lamela epaileak bederatzi gazte auzipetu ditu Altsasuko erasoagatik

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado en poco más de una semana desde su detención a nueve de los jóvenes de entre 19 y 24 años arrestados el pasado lunes tras ser identificados como agresores de un sargento y un guardia civil en un bar de la localidad navarra de Alsasua.

La magistrada les atribuye en un auto hecho público este martes un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Envió la pasada semana a siete de ellos a prisión mientras que otros dos permanecen libres con la obligación de comparecer dos veces por semana.

Los procesados tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional para ser como sometidos a declaración indagatoria el próximo 20 de diciembre.

Además, impone a cada uno de ellos una fianza de 6.000 euros y remite al juez de menores la causa respeto a otros dos identificados que tienen menos de 18 años. La juez destaca que no cabe demorar la decisión de procesarles ya que hay "motivos bastantes para afirmar con fundamento" que cometieron el delito.

La juez enmarca la agresión en las rutinas de "hostigamiento" a los agentes del Instituto Armado que "impone el colectivo Ospa Mugimendua", al que pertenecen algunos de los detenidos. "Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados", dice.

Considera que "actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai". De hecho, concreta que "en la localidad de Alsasua a este movimiento se le conoce como Ospa Mugimendua y tuvo su origen en marzo de 2011", cuando se creó la denominada "Comisión Antirrepresiva de Alsasua" que ha venido desarrollando diferentes actividades. Cuatro de los arrestados se encuentran entre sus principales promotores.

El colectivo busca, según la juez, "influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades diarias, tales como realizar sus compras, disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades, instando a otros ciudadanos a evitar ningún vínculo afectivo con ellos". Quien incumple estos preceptos "es tildado de afín al Instituto Armado y puede también convertirse en objetivo".

En contradicción con la Guardia Civil

La Audiencia Nacional se encuentra investigando lo denunciado, a pesar de que los informes policiales realizados tanto por la Guardia Civil como por la Policía Foral sobre los hechos ocurridos en Alsasua el pasado día 15 de octubre constatan que no hubo un "linchamiento o paliza organizada" contra los dos guardia civiles.

El pasado día 26, seis jóvenes acudieron al juzgado de guardia de Pamplona para declarar voluntariamente.

Los seis jóvenes se presentaron en el Juzgado de Instrucción número 3, pero no pudieron declarar ya que la jueza titular, Mari Paz Benito, encargada de las diligencias, no se encontraba de guardia.

El informe de la Guardia Civil habla de "una agresión", pero desdice a los dos agentes y desmiente la versión difundida hasta el momento que apuntaba a un linchamiento por parte de unos 40 o 50 jóvenes de Alsasua.

Además, según publicó hace unas semanas Diario de Noticias citando fuentes judiciales, en las diligencias ampliatorias confeccionadas por la Guardia Civil no se aprecia un delito de terrorismo como pretende el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), sino que señala a un delito de odio.

Sin embargo, y en contra de lo señalado en los informes de la Guardia Civil y Policía Foral, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la agresión puede encuadrarse en un delito de terrorismo y, por tanto, es de su competencia investigarlo.

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