Política -
Elecciones autonómicas
Larrion dice que un PP 'corrupto' quiere anular a Otegi como candidato
Cree que los dirigentes populares Alfonso Alonso y Javier Maroto son quienes están 'inhabilitados' para la política por el 'caso San Antonio'.
Agencias | Redacción
Euskaraz irakurri: Larrionek dio PP 'ustel' batek Otegi hautagai izatea ekidin nahi duela
La cabeza de lista de EH Bildu por Álava para las elecciones vascas del 25 de septiembre, Miren Larrion, ha reprochado al PP que pretenda anular la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari por su condena en el 'caso Bateragune', cuando el propio Partido Popular está marcado por la "corrupción" y su candidato, Alfonso Alonso, y dirigentes como Javier Maroto, están condenados por el Tribunal de Cuentas.
En una entrevista concedida a Europa Press, Larrion ha afirmado que la intención de la Fiscalía, del PP, Ciudadanos y UPyD de evitar que Otegi pueda concurrir a las elecciones autonómicas como candidato de EH Bildu responde a su "nerviosismo" y al "temor" de que el regreso del dirigente abertzale a la política contribuya a un "cambio real" en Euskadi.
La 'número uno' de EH Bildu por Álava ha explicado que no le "sorprende" la actitud del PP, aunque ha destacado que voces como las del candidato popular a lehendakari, Alfonso Alonso, no son las más "cualificadas" para tratar de anular otra candidatura.
Miren Larrion ha recordado que Alonso, junto al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, están condenados por el Tribunal de Cuentas del Estado por el llamado 'caso San Antonio'. La condena, que se encuentra recurrida, les obliga a pagar, junto al resto de los condenados, casi 400.000 euros por firmar, durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.
"Desautorizados"
La candidata de EH Bildu y portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de la capital alavesa ha asegurado que, tanto Alonso como Maroto están "completamente desautorizados", ya que la propia sentencia les atribuye una "negligencia grave" y les responsabiliza de actuar "en contra de los intereses" de la ciudadanía.