Alonso y Maroto, condenados por un perjuicio público

El Tribunal de Cuentas del Estado ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

Ambos dirigentes han sido condenados por su "responsabilidad contable" en este caso, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz que en 2007 firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

Según determinó en su día la Comisión de Investigación del Consistorio, el alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.

Además, según el mismo órgano, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Así las cosas, ambos dirigentes deberán hacer frente a este pago de manera conjunta con el resto del equipo de gobierno municipal que entre 2003 y 2007 dirigía el Ayuntamiento de Vitoria, con Alonso a la cabeza.

Recurso

El PP ha anunciado que interpondrá recurso al fallo del Tribunal de Cuentas del Estado, al considerar los populares que "no queda acreditada la responsabilidad contable".

En un comunicado, el PP ha recordado que "no estamos hablando del ámbito penal y que no existe ningún delito de corrupción y, por tanto, no hay responsabilidad penal alguna". "El Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza, designada en este caso directamente por el PSOE a propuesta de IU", ha destacado.

Además, ha recordado que este asunto fue archivado en 2015 por la Fiscalía de Araba, al no apreciar responsabilidad penal "por no haber delito".

Reacciones

El alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran (PNV), ha considerado un hecho "muy grave" y ha advertido que, "desgraciadamente, el PP de Vitoria y Álava no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid".

Por su parte, el grupo municipal de EH Bildu ha exigido este viernes la dimisión del portavoz del PP en el Consistorio vitoriano y exalcalde, Javier Maroto, y su salida de la vida política.

El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento, Pello López de Munain, ha afirmado que la condena demuestra que "esquilmaron" dinero público "en beneficio de terceros".

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, cree que la condena debería "inhabilitarles" para concurrir como candidatos a las elecciones generales, ya que es "necesario" que permanezcan "lejos de las instituciones".