Encargan un estudio jurídico sobre el acto de víctimas en el Congreso

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha encargado un estudio jurídico sobre las consecuencias que puedan derivarse del encuentro de víctimas de ETA y los GAL previsto para el próximo 29 de mayo en la Cámara Baja, después de las protestas expresadas por el PP y por la Fundación de Víctimas del Terrorismo por la asistencia de un expreso de ETA.

Así lo ha avanzado el portavoz del PP, Rafael Hernando, y han confirmado fuentes de la Presidencia del Congreso, que han recordado que esas jornadas, solicitadas por CiU, PNV, Izquierda Plural y parte del grupo mixto, fueron autorizadas por unanimidad por la Mesa de la Cámara, en la que están presentes el propio PP, así como PSOE y CiU.

La semana pasada, el PP pidió a la Mesa que reconsiderara su decisión, pero Posada le contestó por carta que la autorización del encuentro se ajustó estrictamente al Reglamento del Congreso.

Pese a ello, el PP ha vuelto a sacar hoy el asunto en la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, y Posada ha accedido a encargar ese estudio jurídico.

No obstante, las fuentes consultadas ya han adelantado que la doctrina es que la responsabilidad de lo que ocurra o pueda decirse en ese acto corresponderá a los grupos parlamentarios que han solicitado la reserva de la sala.

En este sentido, Rafael Hernando ha recordado que en el mismo encuentro celebrado el año pasado en la parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid, se produjeron intervenciones "enormemente despreciables" que atentan contra la dignidad de las víctimas.

Ha explicado que una de las personas anunciadas para las jornadas de finales de mayo en el Congreso es expreso de ETA, Josean Fernández Hernando, condenado a 22 años de prisión por asesinato que no ha perdido perdón.