La cúpula fiscal apoya la querella de Torres-Dulce contra Mas

La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de querellarse contra el presidente catalán Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos en el proceso participativo del 9N, según han asegurado a  fuentes fiscales.

Los fiscales de sala han expresado a Torres-Dulce su "práctica unanimidad" en la decisión de querellarse, según las fuentes.

La Junta de Fiscales de Sala se ha reunido a instancias de Torres-Dulce, para explicar su intención de presentar querella por el proceso soberanista alternativo catalán del 9N, después de que la Fiscalía de Cataluña se haya opuesto a hacerlo. En la cumbre fiscal, que se celebra en la sede de la Fiscalía General del Estado, Torres-Dulce argumenta los motivos por los que apoya iniciar acciones penales contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones, según fuentes fiscales. Estas personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por la oposición de los fiscales de Cataluña.

Reiterará su orden a la Fiscalía catalana

Como consecuencia directa del apoyo obtenido en la Junta de Fiscales de Sala, Torres-Dulce reiterará su orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que en los próximos días formule querella contra Mas.

Según las mismas fuentes, tan solo dos fiscales han mostrado dudas sobre la procedencia de interponer una acción penal contra los responsables de la Generalitat. Se trata del fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y del jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

El primero ha manifestado sus dudas con respecto a si una resolución del Tribunal Constitucional, que no forma parte del ordenamiento jurídico, es directamente ejecutable; mientras que el segundo ha mantenido que la acción de la Fiscalía debería realizarse en relación con las demandas ciudadanas que ya han llegado contra Mas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las reacciones no se han hecho esperar

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, cree que España hará "el ridículo internacional extraordinario" si se presenta una querella contra el Gobierno catalán por la organización del 9N.

El presidente de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha retado a Torres-Dulce a ser valiente y actuar contra el Parlament en lo que es "una persecución política decorada jurídicamente", y no solo contra Mas, Ortega y Rigau.

El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ha advertido de que "se equivocan" quienes piensan que el proceso soberanista catalán "se interrumpe a fuerza de querellas" y ha dicho que la querella del fiscal general del Estado se dirige en realidad a los "millones" de catalanes que votaron el 9 de noviembre.

El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha considerado un "gravísimo error" la decisión del fiscal general del Estado. En rueda de prensa, ha advertido de que la judicialización del debate soberanista "no solo no contribuirá a resolver el problema sino que empeorará las cosas”.

El portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, ha advertido de que en el Estado de derecho "los que se saltan las normas acaban pagando”. En rueda de prensa en la Cámara catalana, Rodríguez ha celebrado que se demuestre que "España es un Estado de derecho y tenemos que constatar que funciona".

El diputado de la CUP en el Parlament Quim Arrufat ha cuestionado que la Fiscalía General del Estado actúe solo contra Mas, Ortega y Rigau, y ha considerado que "lo lógico" sería que lo hiciese contra todos los partidos que favorecieron el 9N.