Archivan los recibimientos a miembros de ETA afectados por la Parot

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado los recibimientos a cuatro miembros de ETA que fueron excarcelados tras la anulación de la Doctrina Parot. En concreto, los recibimientos en los que el magistrado no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo, rechazando así la querella presentada por UPyD, son los de los expresos Javi de Usansolo, Inmaculada Pacho, Juan José Legorburu y Juan Ignacio Delgado Goñi.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor del archivo de tres de los recibimientos y solo consideró que pudo haber delito en el caso del recibimiento a Javier Martínez Izaguirre, Javi de Usansolo, tras su excarcelación el pasado 26 de noviembre. Martínez Izaguirre cumplió 21 años en prisión por el asesinato del niño de 3 años Fabio Moreno, entre otros delitos, y en su recibimiento se exhibieron carteles con los mensajes "Bienvenido Jabi. Tu lucha es nuestro ejemplo" y "Bienvenido Jabi. El pueblo está orgulloso de ti".

Inmaculada Pacho, Juan José Legorburu e Ignacio Delgado Goñi

El juez también ha archivado el recibimiento a Inmaculada Pacho, que salió de la cárcel de Murcia el 26 de noviembre, y que llegó en la tarde del 27 a Bilbao, cuando alrededor de un centenar de personas aplaudieron y vitorearon en la calle Somera y se colocaron varios carteles en las calles del Casco Viejo con las frases "Inma Pacho. 23 años después de nuevo entre nosotros. ¡Ni un minuto más! ¡Los que faltan a casa!" y "Bienvenida Inma. ¡Presos y huidos a casa!".

Lo mismo ocurre con el recibimiento el pasado 3 de diciembre en Amorebieta a Juan José Legorburu, excarcelado en Castellón el día anterior, cuando unas 25 personas le recibieron aplaudiéndole y lanzando petardos.

El homenaje a Ignacio Delgado Goñi tuvo lugar en la noche del 26 de noviembre en Legazpi (Gipuzkoa), cuando se concentraron medio centenar de personas, se lanzaron cohetes y repicaron las campanas de una iglesia. Delgado Goñi salió ese día de la cárcel de Topas (Salamanca), donde cumplía una condena de 128 años por, entre otras cosas, el envío de un bomba en 1990 al entonces teniente coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.