Política -
Tribunal Constitucional
El TC concluye que no se investigó una denuncia de torturas
Se trata de la denuncia presentada por Mikel Beunza, detenido en 2008 en una operación contra Segi.
Redacción
El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que los tribunales no hicieron uso de los medios "disponibles e idóneos" para tratar de esclarecer las presuntas torturas denunciadas por el vecino de Pamplona/Iruña Mikel Beunza, detenido en una operación contra Segi.
El alto tribunal reconoce al detenido el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y obliga a concluir la instrucción "con pleno respeto alderecho fundamental vulnerado", según se recoge la sentencia.
El caso se remonta a noviembre de 2008 cuando Mikel Beunza fue detenido en la capital navarra, junto con otras personas acusadas de formar parte de Segi, y trasladado posteriormente a dependencias policiales de Madrid, donde quedó incomunicado. El detenido denunció entonces haber sufrido torturas con golpes en la cabeza, puñetazos, amenazas y humillaciones.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archivó la causa y denegó las diligencias solicitadas por el detenido y el Ministerio Fiscal al entender que no existía indicio alguno para sustentar la denuncias. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el auto apelado puesto que de los informes médicos no se desprendían indicios racionales de criminalidad que justificaran la continuación de la práctica de diligencias "al no apreciarse el maltrato denunciado".
Tanto Buenza como el Ministerio Público recurrieron la resolución al entender que los hechos imputados eran merecedores de una investigación más exhaustiva. En concreto, el fiscal advertía de que los órganos judiciales habían realizado una "lectura reduccionista de los informes médicos para justificar el archivo y sobreseimiento de las actuaciones" y que no tuvieron en cuenta que existían otros medios razonables de investigación que resultaban "esenciales" para el esclarecimiento de los hechos.
El Tribunal Constitucional, que no entra a valorar si el detenido sufrió o no torturas, coincide en que el órgano judicial "no apuró hasta donde le era exigible las posibilidades de investigación de los hechos denunciados".
