Política -
Caso Bateragune
Arnaldo Otegi seguirá en prisión
El TC rechaza suspender provisionalmente las penas de los condenados en el caso Bateragune mientras se resuelven sus recursos.
Redacción
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener en prisión a los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rafa Díez y los otros tres condenados en el caso Bateragune, a la espera de resolver definitivamente sus recursos de amparo.
En concreto, el alto tribunal ha rechazado suspender provisionalmente las penas de los cinco condenados mientras resuelve sus recursos, que fueron admitidos a trámite hace un mes.
Las defensas de los condenados habían solicitado su puesta en libertad provisional, una vez que ya han cumplido más de la mitad de la condena, para evitar que "el recurso de amparo no pierda su finalidad", es decir, "para que no se resuelva cuando ya se haya cumplido la pena", según explicó la letrada Jone Goirizelaia.
La Fiscalía, sin embargo, se opuso a la liberación, al considerar que los dirigentes de la izquierda abertzale encarcelados han sido condenados "por un delito de gran trascendencia social".
En el auto, los magistrados de la sala primera del Constitucional aceptan los argumentos de la Fiscalía y señalan que para suspender las penas utilizan como "criterio" que las penas sean inferiores a cinco años, mientras que en este caso son de seis y seis años y medio.
Los jueces atienden además a la "gravedad del delito" juzgado: "no cabe desatender que la condena se basa en la pertenencia a organización terrorista de los recurrentes".
El Tribunal Constitucional estudiará ahora el fondo del recurso, aunque con una novedad trascendente: esta semana será renovado y perderá la mayoría progresista, a favor de los conservadores.
CONDENADOS A SEIS AÑOS DE CÁRCEL
Hace un año, el Tribunal Supremo (TS) decidió mantener en prisión a Otegi y Díez, aunque rebajó de 10 a seis años y medio la pena de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional. Del mismo modo, rebajó de 8 a 6 años la pena de los otros tres condenados, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez.
El tribunal consideró probado que los condenados intentaron reconstruir la ilegalizada Batasuna por orden de ETA a través de un grupo denominado Bateragune, por lo que les consideró culpables de sendos delitos de integración en organización terrorista.
Durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, sin embargo, los acusados escenificaron su rechazo a la violencia y negaron pertenecer a Bateragune, que describieron como una "estructura interna de Ekin".
En ese sentido, Arnaldo Otegi afirmó durante su último alegato que a la izquierda abertzale la violencia de ETA "le sobra y estorba", defendió "el cese definitivo de la violencia armada y el desmantelamiento de la estructura militar" y aseveró que "ETA piensa que la acumulación de fuerzas es posible manteniendo la lucha armada, pero nosotros no".
Por su parte, Rafa Díez aseguró que su objetivo y el de los otros acusados era impulsar en el seno de la izquierda abertzale el debate sobre el fin de la violencia, y que actuaron "de forma autónoma" y "sin tutelaje alguno", en referencia a ETA.