Política -
Escándalo de las dietas
¿Puede ser imputada Yolanda Barcina?
Los casos de corrupción han puesto en entredicho el aforamiento del que gozan los representantes políticos.
Redacción
La presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, ha esquivado de momento la imputación en el caso de las dietas irregulares de Caja Navarra (CAN).
La juez instructora del Juzgado número 3 de Pamplona/Iruña, María Paz Benito, ha imputado a tres de las cuatro personas que formaron la Comisión Permanente de la CAN: el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz; su exconsejero de Economía, Álvaro Miranda; y el alcalde de Pamplona/Iruña, Enrique Maya.
La cuarta persona, que no ha sido imputada, es precisamente Yolanda Barcina. Si la juez Benito observase indicios de delito en la jefa del Ejecutivo foral, tendría que inhibirse y remitir el caso al Tribunal Supremo (TS).
En el alto tribunal, otro magistrado instruiría todo el sumario de nuevo.
El aforamiento, en entredicho
El aforamiento es un régimen especial de protección jurídica de la que gozan algunos altos dirigentes, como el presidente del Gobierno y sus ministros, los presidentes autonómicos y los diputados, tanto del Congreso de los Diputados como de los parlamentos autonómicos.
El objetivo original de esta protección es evitar que representantes democráticos sean perseguidos por razones políticas, aunque los continuos escándalos de corrupción han puesto bajo tela de juicio este privilegio, al haber servido de cobertura por numerosos dirigentes para evitar responsabilidades penales en presuntas acciones delictivas.
El aforamiento tampoco otorga una protección total, sino que limita los tribunales que pueden investigar o juzgar a un aforado. En el caso de los presidentes autonómicos, es el estatuto de cada territorio el que establece el tribunal que les juzgaría.
Así, el Amejoramiento de Navarra establece en su artículo 27 que "la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros de la Diputación Foral será exigible, en su caso, ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo".
El Estatuto de Gernika de Euskadi, por el contrario, establece en su artículo 32.2 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) como el tribunal que juzgaría al lehendakari en caso de que el presunto delito se cometiese dentro del territorio vasco, o el Supremo si se cometiese "fuera del ámbito territorial del País Vasco".
En este punto hay que recordar que el lehendakari Juan José Ibarretxe se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados del TSJPV, junto a otros dirigentes del PSE-EE, por reunirse con Batasuna, caso que finalmente fue archivado. Barcina lo haría en el Supremo si fuese imputada en el caso de las dietas de la CAN.
Además de los representantes políticos, también son aforados otros altos cargos del Estado como los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) y el fiscal general del Estado.
