El Gobierno de Maduro impugna las sanciones de la UE ante la Justicia europea

El Gobiernos de Nicolás Maduro ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sanciones que los Gobiernos europeos han impuesto contra altos cargos venezolanos y un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna.

El Tribunal General de la UE acogerá este viernes 8 de febrero una vista a raíz del recurso interpuesto por Caracas contra el embargo de armas y de equipos para la represión, así como la base jurídica aprobada por los Veintiocho de cara a sancionar a personas responsables de la represión en la que escuchará los argumentos de la parte querellante y del Consejo antes de emitir una sentencia.

El Gobierno de Maduro, que demandó al Consejo el 6 de febrero ante la Justicia europea, pide la anulación de las sanciones alegando que se adoptaron sin "pruebas suficientes" y que constituyen "contramedidas ilícitas conforme al Derecho Internacional consuetudinario" y que el Consejo pague las costas judiciales.

También alega que los gobiernos europeos han vulnerado el derecho de la parte demandada a ser escuchada puesto que no le informaron "previamente" de las sanciones y "un manifestó error de apreciación" sobre "los hechos" que las motivaron.

Los Veintiocho aprobaron en noviembre de 2017 la base jurídica --una lista vacía-- de cara a imponer sanciones --congelación de activos y prohibición de entrada en la UE-- a los responsables de la represión en Venezuela y un embargo de armas y de equipos que pueden ser utilizados para la represión interna.

En enero sancionaron al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y otros seis altos cargos venezolanos por su implicación en la represión, incluidos el ministro de Interior, Néstor Luis Reverol; el jefe de la Inteligencia Nacional, Gustavo González López; y el presidente del Tribunal Supremo, Maikel José Moreno.

También sancionaron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el jefe del Distrito Capital en Caracas, Antonio José Benavides; y el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Los Veintiocho extendieron en junio las sanciones a otros once altos cargos venezolanos por las elecciones presidenciales fraudulentas de mayo, incluidos a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Elías Jaua, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, el vicepresidente de Economía y ministro de Industria Nacional, Tareck El Aissami, y varios cargos militares.