La Corte Penal Internacional investigará la deportación de los rohinyá en Birmania

La Corte Penal Internacional (CPI) ha concluido hoy que puede ejercer su jurisdicción sobre la supuesta deportación del pueblo rohinyá de Birmania (Myanmar) a Bangladesh, según ha informado el tribunal en un comunicado.

Birmania no acepta la jurisdicción de la CPI, pero los jueces han manifestado que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal de La Haya.

Con esta decisión, adoptada por una de las salas de cuestiones preliminares, la CPI responde a la solicitud de la Fiscalía, que había pedido investigar las transferencias forzosas y las deportaciones como crímenes de lesa humanidad.

La Oficina de la Fiscal había recabado datos de diversos organismos de la ONU, medios de comunicación y diversas ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para documentar los supuestos abusos padecidos desde agosto de 2017 por esta minoría étnica musulmana, que no es reconocida por las autoridades birmanas.

Unos 700.000 rohinyás han huido de Birmania a la vecina Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos.