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Cumbre
¿Qué le ofrece la UE al Reino Unido para que no se vaya?
El primer ministro británico, David Cameron, ha señalado que a su juicio el plan Tusk ofrece al Reino Unido "lo mejor de ambos mundos", con lo que se espera un acuerdo.
agencias | redacción
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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) celebran jueves y viernes una cumbre en la que intentarán cerrar una acuerdo que permita mantener al Reino Unido en el club comunitario, atendiendo las reformas que reclama y sin que los demás socios se sientan agraviados.
El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, presentó a principios de febrero una propuesta para renegociar las relaciones entre Londres y el resto de los socios de la UE, y lograr así que Reino Unido siga siendo socio del club comunitario.
El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha indicado respecto a esa propuesta que es "justa para el Reino Unido y justa para los otros Veintisiete Estados miembros", aunque las últimas negociaciones no dan por seguro que los líderes logren cerrar un acuerdo en las próximas 48 horas.
El primer ministro británico, David Cameron, ha señalado que a su juicio el plan Tusk ofrece al Reino Unido "lo mejor de ambos mundos", pues le concede acceso al mercado único a pesar de estar fuera del euro y le da voz en la mesa del Consejo Europeo, al tiempo que le permite continuar fuera de la moneda única y del territorio libre de fronteras de Schengen.
La propuesta de Tusk ofrece también una posible solución al tema más polémico de las reclamaciones británicas, el relativo a inmigración, al contemplar el "freno" de emergencia a los beneficios sociales de trabajadores comunitarios en el Reino Unido que Londres quiere incluir.
Este punto es uno de los más complejos de una negociación de cuyos resultados Cameron espera que le permitan presentarse como triunfador ante su opinión pública, al tiempo que aleja al país del fantasma del llamado "brexit" o la salida británica de la Unión.
Propuestas de Tusk
Las propuestas de Tusk para hacer frente a las cuatro principales demandas de Cameron están centradas en la gobernanza económica, la competitividad, la soberanía y los beneficios sociales, y la libre circulación.
En materia de gobernanza económica, Tusk propone garantizar el respeto mutuo entre los Estados miembros que quieren avanzar en la profundización de la unión económica y monetaria (UEM) y los que son reticentes, como el Reino Unido.
Para ello el documento incluye la posibilidad de que uno o varios de los países de fuera de la eurozona puedan indicar su oposición razonada a una medida legislativa, que sería discutida por el Consejo en caso de conseguir una mayoría cualificada.
En la propuesta se aclara además que los países fuera de la zona euro o que no participan en la unión bancaria no tendrán ninguna responsabilidad presupuestaria y serán soberanos para asumir medidas como la supervisión o liquidación de bancos y de mercados, con excepción de las que obliguen a nivel de toda la UE.
En cuanto a la competitividad, se establece el compromiso de la UE para fortalecer el mercado interior y adaptarlo al entorno cambiante.
La soberanía es otra de las demandas que Cameron ha planteado a Bruselas. En el documento de Tusk se reconoce que el Reino Unido "no está comprometido con una mayor integración política dentro de la UE" y se admite la potestad de los estados miembros para decidir si la actuación de la UE se traduce en mayores beneficios para el ciudadano que la actuación a escala nacional.
Sobre los beneficios sociales y el libre movimiento el plan Tusk ofrece a Cameron que las personas que trabajen en el Reino Unido, pero cuyos hijos vivan en otro país miembro, puedan recibir una cantidad indexada al coste que supone criarlo en el lugar de residencia.
El texto también aborda el punto más difícil de aceptar para la poderosa ala euroescéptica de los "tories", el relativo a la inmigración, que consiste en establecer un "freno de emergencia" a los servicios sociales para los ciudadanos comunitarios, quienes deberán residir cuatro años en este país antes de acceder a ellos.
Para activar ese mecanismo, Londres tiene que demostrar que sus servicios públicos, como escuelas y hospitales, sufren una carga imposible de asumir por el aumento de la inmigración.