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Francia
Imputan a Sarkozy por financiación ilegal de su campaña de 2012
El expresidente ha comparecido por el 'caso Bygmalion', escándalo que debe su nombre a una empresa que emitió falsas facturas por unos 18,5 millones.
Agencias | Redacción
Euskaraz irakurri: Sarkozy inputatu egin dute 2012ko kanpainan egindako finantzaketagatik
El expresidente francés y líder de la oposición, Nicolas Sarkozy, ha sido imputado este martes por financiación ilegal de su campaña electoral de 2012, en la que se sobrepasó el gasto máximo fijado por la ley.
Al término de un interrogatorio que se ha prolongado durante casi 12 horas, el político conservador ha sido declarado además "testigo asistido", una figura a medio camino entre la imputación y el simple testigo, por los cargos de fraude, falsificación y abuso de confianza.
Esa segunda figura jurídica implica que, aunque no se hayan encontrado pruebas suficientes contra él, puede ser llamado a declarar de cara a una eventual imputación.
Su abogado, Thierry Herzog, ha asegurado a la salida y ante la prensa que aunque tiene previsto presentar los recursos pertinentes, está satisfecho de que no se le haya imputado por esos últimos cargos y no se haya manchado su nombre con esas prácticas.
Pero en un momento en que aspira a ganar las primarias de su partido para volver al poder en 2017, esta nueva imputación, que se suma a la recibida en julio de 2014 por "corrupción activa", tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional, empaña pese a todo sus pretensiones al Elíseo.
El expresidente ha comparecido por el 'caso Bygmalion', escándalo que debe su nombre a una empresa que emitió falsas facturas por unos 18,5 millones de euros para que la Unión por un Movimiento Popular (UMP) asumiera gastos que en verdad correspondían a la campaña.
Los jueces tratan de aclarar el papel que pudo tener en la elaboración de esas facturas.
Los magistrados sospechan que los responsables de la campaña crearon ese sistema fraudulento para cargar a la UMP parte de los gastos electorales con el objetivo de no superar los 22,5 millones permitidos por la ley.