Stop Desahucios rechaza el decreto y la banca se queja de sus efectos

Stop Desahucios Bizkaia ha reprobado el real decreto aprobado por el Gobierno del PP para frenar los desahucios porque "deja a muchos colectivos fuera" y ha pedido la modificación de la Ley de ejecución hipotecaria y la de enjuiciamiento civil.

El Gobierno ha aprobado un real decreto para frenar los desahucios de las personas más vulnerables, mediante el que se creará un parque de viviendas sociales con un alquiler barato para personas desahuciadas y fija el umbral de renta para acogerse a estas medidas en 3 veces el IPREM, que son 19.200 euros contabilizado con doce pagas, es decir, 1.597 euros al mes.

Partidos y consumidores consideran las medidas antidesahucio un "parche'', y la banca se queja de que el coste recaerá en ellos.

Afectados por desahucios ven una chapuza la moratoria del Gobierno

En un comunicado, Stop Desahucios Bizkaia ha advertido de que "de nada sirve una moratoria que no es tal", sino que "hay que realizar una modificación de la Ley de ejecución hipotecaria y la de enjuiciamiento civil", que es "absolutamente arcaica e injusta".

Las organizaciones de afectados por los desahucios han calificado como "chapuceras" y "absurdas" las condiciones aprobadas hoy en el Consejo de Ministros para que los deudores hipotecarios puedan acceder a una moratoria de dos años, y han pedido que ésta se aplique a todos los casos.

La portavoz de Stop Desahucios, Ada Colau, ha afirmado que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se apliquen solo en unos determinados casos de vulnerabilidad -familias numerosas, tener menores de 3 años, víctimas de violencia de género, entre otras-.

"Es una medida absurda, es como poner a los pobres a competir entre ellos a ver quién es más desgraciado", ha señalado.

Porello, ha exigido que la moratoria de dos años para las familias másvulnerables, contemplada por el Ejecutivo entre las nuevas medidasadoptadas, sea para "todos los casos de vivienda habitual y con motivosde insolvencia sobrevenida".

"Nos felicitamos porque, por fin, cuatro años después el Gobierno empieza a anunciar alguna medida gracias a la presión social, pero llegan muy tarde",según esta portavoz, que se ha preguntado por qué las nuevas medidasmoratorias de ejecución de desahucio incluye a las familias con niñosmenores de 3 años y no de otras edades.

"¿Qué pasa que los niños de 5 años no tienen derecho?", se ha cuestionado Colau.

El PSOE cree que la moratoria es "muy restrictiva"

Desde el PSOE, la secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha afirmado que la moratoria de dos años aprobada por el Ejecutivo ante los desahucios es "muy restrictiva" y "un parche".

"Hemos defendido en la negociación con el Gobierno que lo primero son las personas. Hoy el Gobierno ha aprobado una moratoria para defender a los mercados", ha recalcado la secretaria de Economía, que ha explicado que el PSOE no ha alcanzado un pacto con el Ejecutivo sobre este asunto por la falta de compromiso con la posterior reforma de la legislación hipotecariaLa banca se queja de que el coste recaerá sobre ella

La Asociación Española de Banca (AEB) ha asegurado hoy que "entiende" la razón que ha llevado al Gobierno a tomar medidas que atenuen los desahucios, pero ha puesto en evidencia que el coste recaerá "exclusivamente" en el sector.

El Gobierno anunció hoy un paquete de medidas que permitirá paralizar los desahucios durante dos años a las familias con bajos ingresos (un máximo de 19.164 euros al año) y en situaciones extremas, como estar en paro, contar con hijos pequeños, dependientes o minusválidos.

Además, ha anunciado la creación de una bolsa con una parte de las viviendas que tiene adjudicadas la banca, para que pueda destinarse a alquileres sociales con bajos precios para familias desahuciadas.

Bruselas avisa al Gobierno de que está obligado a consultar antes de reformar ley

El Gobierno está obligado a "consultar" a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo (BCE) antes de aprobar ningún cambio legislativo para paliar los desahucios, según han resaltado este miércoles fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario avisa de que, para ser aceptada por la UE, la reforma no debe suponer un coste extra al contribuyente europeo ni afectar al saneamiento de la banca o de lo contrario tendrá que compensarse con otros mecanismos. Además, debe respetar las normas de la UE sobre competencia.