Decisión clave del Constitucional francés: espaldarazo o revés drástico a la conflictiva reforma de Macron

El Consejo Constitucional francés, encargado de interpretar la Carta Magna gala, está llamado hoy a dictaminar si la reforma de las pensiones, que plantea entre otras medidas elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación, se ajusta a la Constitución. La decisión del tribunal, que puede tumbar parte de la nueva ley, marcará previsiblemente el futuro de las movilizaciones que comenzaron en el mes de enero.

Su veredicto puede suponer un espaldarazo para el Gobierno de Emmanuel Macron o un revés drástico, hasta el punto de devolver a la casilla de salida la modificación de los parámetros de jubilación, que el Ejecutivo considera indispensable para asegurar el equilibrio financiero del sistema a medio plazo.

Por tanto, el Consejo tiene en sus manos una decisión clave -y quizás concluyente- para la conflictiva reforma del sistema de pensiones aprobada por el Gobierno de Emmanuel Macron, que ha provocado una grave crisis política y social.

El Consejo Constitucional tiene nueve miembros designados por periodos de nueve años: tres son nominados por el presidente de la República, tres por el presidente del Senado y tres por el presidente de la Asamblea Nacional.

Además, son miembros de por vida los antiguos presidentes de Francia, si bien los últimos (el conservador Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande) no han solido asistir a sus reuniones.

Entre los tres miembros que designa el jefe del Estado figura el presidente del Consejo Constitucional. Esa posición la ocupa desde 2016 el socialista Lauren Fabius, nombrado por Hollande.

Los dictámenes del Consejo Constitucional son irrevocables y pueden validar o censurar de forma íntegra o parcial el contenido de las leyes que se le someten.

Eso ocurrirá este viernes cuando se pronuncie sobre la ley de reforma de pensiones. Debe evaluar no sólo sus artículos, sino también el vehículo legislativo empleado por el Ejecutivo, es decir, un proyecto rectificativo del presupuesto de la Seguridad Social y el procedimiento acelerado.