Detenidas 23 personas acusadas de estafar más de un millón de euros en ayudas sociales vascas

La Policía Nacional ha detenido a 23 personas en Bizkaia en una operación contra una trama de falsificación de documentos para cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que logró desfalcar más de un millón de euros en ayudas públicas.

Según ha informado la Delegación del Gobierno español en Euskadi, la investigación, desarrollada por agentes del Grupo I de UCRIF, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, se inició hace medio año cuando los agentes de extranjería tuvieron conocimiento de que un hombre se servía de otras personas para cobrar ilegalmente ayudas del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Para ello, se ayudaban de falsos certificados médicos de Osakidetza y empadronamientos en distintos ayuntamientos. Tras la investigación, los agentes destaparon que el 'modus operandi' del presunto ideólogo de la estafa consistía en crear identidades falsas —llegó a concebir 62— sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas destinadas a personas y familias sin recursos suficientes. Según los cálculos de los investigadores, cada persona dada de alta ingresaba una media de 857 euros mensuales (625 euros por la RGI y 250 euros por la prestación de vivienda), por lo que la estafa se ha cifrado en un total de 1 091 416 euros.

Dirigidos por este cabecilla "y en un segundo plano muy diferenciado", uno de los integrantes del entramado tenía como cometido presentarse físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona ficticia haciéndose pasar por ella y realizar los trámites necesarios. Mientras, otros se dedicaban a alquilar viviendas y empadronar a la supuestas personas en los domicilios.

Para lograr su objetivo, falsificaban pasaportes y certificados de empadronamiento, de forma que podían acreditar que una persona llevaba empadronada en Euskadi tres años, requisito necesario para poder percibir las ayudas, y así cobrar desde el primer momento en que creaban la falsa identidad.

Para evitar ser descubiertos, el presunto líder aleccionaba al resto de integrantes del entramado criminal para que presentaran las solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Bizkaia, como Durango, Santurzi, Berriz, Iurreta, Basauri, Getxo, etc. Además, para impedir que les suspendieran las ayudas públicas por la no presentación física del solicitante ante las oficinas del Servicio, falsificaban informes médicos y certificados de realización de cursos de formación.

Además de los arrestos, se practicaron registros en domicilios en las que se incautaron de 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias con identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide.

Tras prestar declaración en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Bilbao, quedaron en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao se ha encargado del caso.

El Gobierno Vasco insiste en que los fraudes son "minoritarios"

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, el portavoz del ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, ha valorado esta operación de la Policía Nacional, "así como otras actuaciones realizadas por la Ertzaintza que permiten detectar los casos de fraude que se puedan estar produciendo y podamos restaurar esta situación".

El portavoz ha admitido que "no a menudo, pero sí de vez en cuando Lanbide y sus ayudas son noticia por estos casos de fraude". No obstante, ha precisado que los casos son "minoritarios, y que se producen muy pocas veces". "Además, existe un control permanente por parte de responsables de Lanbide e instituciones policiales para detectar esos posibles casos de fraude y actuar en consecuencia", ha subrayado.