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Trabajo
El Gobierno español quiere regular los gastos y los descansos del teletrabajo
La norma establecerá el carácter voluntario y reversible, la promoción y la formación o el ejercicio de derechos colectivos.
Agencias | Redacción
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak telelanaren gastuak eta atsedenaldiak arautu nahi ditu
El Gobierno de España quiere elaborar una norma para el teletrabajo que recoja, entre otros aspectos, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos a los trabajadores, y los tiempos de trabajo y de descanso.
Según el texto de la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo publicada en la web del Ministerio de Trabajo y adelantada por algunos medios, el objetivo es equilibrar estas nuevas formas de prestación de trabajo, que se ha incrementado en la pandemia de la COVID-19, con un marco de derechos que recoja principios como el carácter voluntario y reversible, la promoción y la formación o el ejercicio de derechos colectivos.
También señala que debe regular el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, "en especial la retribución incluida la compensación de gastos", así como los tiempos máximos de trabajo y los mínimos de descanso, la distribución flexible del tiempo de trabajo o aspectos preventivos relacionados con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.
Desde los sindicatos ya habían exigido regular estas situaciones y que la empresa pague una tarifa fija mensual o prorrateada que cubra los gastos derivados del uso del espacio, conexión a internet, energía, calefacción, limpieza y mantenimiento, además de hacerse cargo del gasto en muebles, ordenadores y suministros de oficina.
De vuelta a la consulta, el objetivo, apuntan, es también procurar "certezas" para trabajadores y empresas en temas de conciliación o privacidad.
El impacto real del teletrabajo, recoge el texto, se ha visto incrementada de manera exponencial por la pandemia de la COVID-19, lo que ha puesto de manifiesto sus ventajas y debilidades, así como la necesidad de abordar su regulación "desde un marco jurídico de seguridad, certeza y transparencia".