LAB denuncia la pérdida de 3.849 empleos en el sector público vasco

El sindicato LAB ha denunciado hoy la destrucción de un total de 3.849 empleos en el sector público vasco en los dos últimos años, de los que 2.906 fueron en sanidad, 750 en educación, 148 en la administración general y 45 en justicia.

Estas cifras han sido facilitadas en rueda de prensa que ha ofrecido el sindicato en Donostia-San Sebastián. En la misma han participado los responsables de la Federación de Servicios Públicos de LAB Arantza Sarasola y Galder Sierra, que han dado a conocer "datos reales".

Han explicado que se trata de datos sobre número de contrataciones facilitados por el propio ejecutivo de Vitoria-Gasteiz en el Parlamento Vasco, a solicitud de EH Bildu, y que reflejan la cantidad de nóminas pagadas en los ejercicios 2012 y 2013, detalladas mes a mes.

Según las copias difundidas, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha registrado una disminución de 2.906 empleos en 23 meses. En cuanto a la enseñanza pública vasca, LAB ha recogido los datos de los balances hechos por el departamento de Educación de los dos cursos ya concluidos, 2011-2012 y 2012-2013, y los de contrataciones en septiembre de 2013, al inicio del actual periodo lectivo.

En este ámbito, Sarasola ha indicado que, aunque el número absoluto de contrataciones de profesorado crece, la matriculación de alumnos este curso ha aumentado, lo que debería acarrear "necesidades mayores" para el actual periodo que sin embargo se han "disfrazado" con el aumento de los empleos con jornadas a tiempo parcial. El sindicato ha indicado que se han contratado 750 profesores menos de los precisos.

Respecto a la administración general y los organismos autónomos, en enero de 2012 se contabilizaron 7.266 contrataciones, 148 más que en noviembre de 2013. En justicia la reducción fue de 45 empleos.

Sarasola ha asegurado que "detrás de todas estas cifras existen medidas políticas", que se han "adoptado bajo la excusa de la crisis" pero que están conduciendo a "la progresiva destrucción y privatización del sector público" y a "una importante pérdida de calidad del servicio a los ciudadanos".